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23 de febrero de 2002
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Las promesas de sueldo a los empleados públicos han dejado mucho que desear según varios líderes sindicales de Puerto Rico, especialmente después de que la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Melba Acosta, anunciara que el aumento de $100 mensuales propuesto durante el mensaje de estado de la gobernadora Sila Calderón no será efectivo inmediatamente, sino en julio.

Basándose en que no hay suficientes fondos para aumentos de nómina, Acosta también dijo que no se contempla aumentar por ahora el bono de Navidad de $500 a $1000, tal como había prometido durante la campaña electoral la Gobernadora.

Aunque desalentador para muchos, el anuncio no tomó de sorpresa al director ejecutivo de la Hermandad de Trabajadores de Servicios Sociales (HTSS), Luis Pedraza Leduc, quien dijo que "esto es algo que se podía anticipar".

Según el líder sindical, aunque los anuncios de aumento de sueldo son bienvenidos, la realidad ha demostrado que nada es definitivo hasta que no se apruebe la legislación.

Pedraza Leduc dio de ejemplo los dos aumentos anteriores. En el 2000, el aumento de sueldo se condicionó a que un empleado público debía tener por lo menos un año trabajando, por lo que si un empleado llevaba seis meses en un puesto, no tenía el derecho de disfrutar de ese aumento, aunque fuera un empleado público.

En el 2001, Pedraza Leduc dijo que el aumento salarial se condicionó a no haber recibido aumentos previos durante el año. O sea, que si un empleado público había recibido un aumento de $75 mensuales durante ese año, no recibía otro aumento de $100, sino que se le aumentaba $25 para completar los $100 prometidos a todos los empleados públicos. En el caso de que el empleado ya hubiera recibido un aumento de $100 o más, pues no recibía nada.

"Por eso, aunque diga que [el aumento de este año] va a ser en julio, no lo garantiza porque se puede condicionar tanto en la efectividad como en requisitos al momento de la legislación", explicó Pedraza Leduc.

El líder de la HTSS aseguró que el problema real estriba en la falta de una verdadera negociación entre los patronos y los empleados.

"Toda esta controversia lo que hace es dejar ver la necesidad de enmendar la Ley 45 para que haya una verdadera negociación", dijo Pedraza Leduc, quien cree en que se debe insistir para permitir el derecho a la huelga y a negociar los planes médicos, las funciones de puesto y el sistema de retiro a los empleados públicos, cosa que actualmente prohíbe la Ley 45 de Sindicación.

Por su parte, Roberto Pagán, presidente del Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños, dijo que aún quedan muchas dudas sobre de dónde saldrá el dinero para otorgar el aumento.

Pagán añadió que los miembros del sindicato están desilusionados con la noticia de que el aumento no se otorgará hasta julio, cuando debió haberse otorgado en enero.

De otro lado, Alejandro De Jesús, presidente de la Asociación de Gerenciales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), dijo estar insatisfecho con la compensación del gobierno, aunque por otras razones.

De Jesús explicó que por ser una corporación pública, y no parte del gobierno central, los empleados de la AAA no gozan del aumento de $100, a menos que al momento de la legislación, dicho aumento se extienda a las corporaciones públicas.

Sin embargo, De Jesús opinó que el gobierno está "estrangulando al sector de los gerenciales", porque desde 1992 no ha hecho evaluaciones de empleo, ni otorgado los aumentos por méritos que por ley les corresponde.

El líder gerencial explicó que según está estipulado en la Ley de Servidores Públicos y en el reglamento de la AAA, la Junta de Gobierno de la Autoridad debe hacer unas evaluaciones del desempeño laboral de cada empleado que, de ser aprobada, se le otorgaría al empleado un aumento mensual de $30 si su trabajo es satisfactorio, $60 si es bueno, y $120 si es excelente.

De Jesús asegura que cada vez que la Asociación ha expresado su intención de llevar el caso a los tribunales, la Junta de Gobierno de la AAA siempre ofrece una bonificación a todos por igual, algo que ya ha ocurrido cuatro veces desde el 1992.

El presidente de la Asociación considera que esto es injusto, pues "tira por el piso" el propósito de recompensar a quienes realmente se lo merecen. Además, se quejó de que tampoco se ha estado cumpliendo con los aumentos por años de servicios.

"En la Autoridad no se está otorgando esos aumentos por años de servicio y hay que reconocer que esto incide en el ánimo del empleado público, porque un empleado que no se siente satisfecho con su remuneración, no se siente inclinado a dar el 100 por ciento en su trabajo," aseguró De Jesús.

De Jesús además dijo estar convencido de que esto lo hace el gobierno con toda la intención de desalentar a los trabajadores y así poder decir que el trabajo de los empleados públicos no es el mejor, para poder justificar la privatización de las corporaciones públicas.

"Se trata de desprestigiar el sector público para satisfacer los interese privados", concluyó De Jesús.