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8 de marzo de 2002
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El 2 de marzo los puertorriqueños celebraron el aniversario de 85 años de su ciudadanía estadounidense. El acontecimiento no estuvo libre de controversia, tal como es a menudo el caso en una isla donde las afiliaciones políticas tienen fuerte y profundo arraigo, y donde el tema el status político de Puerto Rico continúa sin resolverse. Sin embargo, las discrepancias partidistas opacan el hecho que la ciudadanía de los Estados Unidos desempeña un papel central y preciado en la vida de los puertorriqueños a todo lo amplio del espectro político.

El Partido Nuevo Progresista que apoya la estadidad para Puerto Rico valora la ciudadanía como un paso hacia el logro de una unión permanente con los Estados Unidos y siempre hay una gran cantidad de partidarios de la estadidad que participan cada marzo en las actividades del Día de la Ciudadanía. Carlos Pesquera, Presidente del PNP, encabezó las actividades de este año frente al edificio del Capitolio en San Juan. "Bajo la protección de los Estados Unidos hemos luchado contra hambre e ignorancia,", dijo, "pero lo más imporante es garantizar la ciudadanía, el pasaporte de los Estados Unidos, para las futuras generaciones".

El Partido Popular Democrático (PPD) que aboga por un pacto con los Estados Unidos llamado el "estado libre asociado mejorado", realizó su propia celebración en Mayaguez. En una entrevista el mes pasado con el Orlando Sun-Sentinel, la Gobernadora Sila Calderón describió la ciudadanía estadounidense como un elemento clave de las "dos realidades" (la puertorriqueña y la norteamericana) que co-existen en la identidad de todo puertorriqueño. Añadió en sus comentarios que atesora los "valores de democracia y libertad que representa la ciudadanía de los Estados Unidos".

De hecho, de todos los principales partidos políticos en Puerto Rico, sólo el Partido Independentista (PIP) no organizó festividades. Sin embargo, los independentistas (que comprenden menos de un 5% del electorado) en el pasado han reconocido la importancia de la ciudadanía de los Estados Unidos para Puerto Rico. Más aún, su visión de independencia para Puerto Rico incluye la continuación, por un determinado período de tiempo, de la ciudadanía de los Estados Unidos para los residentes de la isla.

La ciudadanía estadounidense es invocada y defendida por todos los grupos en Puerto Rico, aunque sea con medios y visiones diferentes para el futuro de la isla.

En retrospectiva de 85 años descubrimos que igual fue el caso en 1917. Los puertorriqueños de entonces, igual que ahora, participaron en un vigoroso debate sobre el futuro estatus de la isla. Entonces, tal como hoy, existían divisiones entre los que abogaban por la estadidad, independencia, o algún tipo de "auto gobierno". Sin embargo, la importancia que se confiere a la ciudadanía de los Estados Unidos es un factor común entre todos, ayer igual que hoy.

El historiador Gonzalo Córdova describió la reacción en Puerto Rico a la ley Jones que otortgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños como una de "júbilo". De acuerdo con Córdova, los tres partidos políticos de la época (Republicano, Unionista y Socialista) apoyaron la ley. También, la mayoría de los principales líderes políticos de la época, incluyendo a José Celso Barbosa, Luis Muñoz Rivera, Antonio Barceló y Santiago Iglesias, no sólo apoyaron la medida sino que fueron instrumentales en el proceso legislativo que la engendró.

La ciudadanía estadounidense no fue algo que el pueblo puertorriqueño obtuvo fácil o rápidamente. En 1897 lograron cierto nivel de autonomía bajo el régimen español, pero el arreglo se desvaneció con la Guerra Hispano-Americana y la ocupación de la isla por parte de los Estados Unidos en 1898. Los líderes puertorriqueños tenían la esperanza de una transición rápida hacia total independencia o el status de territorio incorporado, que históricamente es el primer paso hacia la estadidad.

Pero para gran decepción de todos, Estados Unidos nunca tomó ninguna de las dos medidas. Por una serie de razones que incluyeron desde prejuicios a pragmatismo (la isla tenía un nivel de analfabetismo en esa época de 85%), el Congreso de los Estados Unidos decidió que los puertorriqueños no estaban preparados para asumir su propio gobierno. La ley Foraker de 1900, que puso fin a la ocupación militar de Puerto Rico, dio inicio a una era de "tutelaje" en que regían gobernadores coloniales y los residentes tenía derechos limitados. Subsiguientemente, en una serie de decisiones del Tribunal Supremo, Puerto Rico se definió como un "territorio no-incorporado" de los Estados Unidos.

La ley Foraker fue de extremo desagrado para los puertorriqueños y algunos legisladores en el Congreso de los Estados Unidos coincidieron en que era una ley injusta. Muñoz Rivera, que viajó a Washington en 1910 en calidad de Comisionado Residente de Puerto Rico, se convirtió en un activo proponente de legislación que confiriera a los puertorriqueños igualdad de derechos y autonomía local. Encontró un aliado en el Congresista de Virginia, William H. Jones, que auspició varias propuestas de ley ofreciendo ciudadanía los puertorriqueños.

Sin embargo, Jones no fue el primer congresista que propuso ciudadanía estadounidense para Puerto Rico. La ley de Olmstead en 1910, que aprobó la Cámara de Representantes pero no el Senado, incluyó una cláusla sobre ciudadanía, pero en Puerto Rico se consideró un medio para continuar la ley Foraker y se rechazó como "poco generosa, restrictiva y reaccionaria".

En dos oportunidades en 1914, con el proyecto de ley Jones y el de Shafroth, el tema de la ciudadanía se sometió a la consideración del Congreso pero no recibió aprobación. Se introdujo otro proyecto de ley Jones en 1916. Ese año fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado hizo lo mismo a comienzos del año siguiente. Finalmente, el 2 de marzo de 1917, el Presidente Woodrow Wilson lo firmó convirtiéndolo en ley.

Bajo las provisiones de la ley Jones, el estatus de Puerto Rico no cambió. Se mantuvo (tal como sigue siendo hoy) un territorio no-incorporado bajo la custodia del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, sí se lograron varios cambios importantes. Primero que nada, se le permitía a los puertorriqueños a establecer un Senado electo que habría de trabajar junto con la ya existente Cámara de Representantes. El nuevo Senado también recibió el derecho de influenciar la selección de algunos de los funcionarios en el Gabinete de la isla.

Por último, se le ofreció la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. A fin de que esa ciudadanía fuera voluntaria, los puertorriqueños que no la querían podían registrar su objeción. De los 1.2 millones de puertorriqueños en esa época, sólo 288 rechazaron la ciudadanía de los Estados Unidos. En ese entonces, igual que hoy, la gran mayoría de los isleños entendían que el obtener la ciudadanía estadounidense era un paso vital en el desarrollo político y económico de la isla. La mayoría también reconocían, igual que hoy, que la ciudadanía les provee la oportunidad de trabajar dentro del marco de referencia de la democracia norteamericana en favor de sus metas para el futuro de Puerto Rico.