|
 |
|
Click here to see this page in English. Pesquera: los culpables que se atengan a las consecuenciasAutoridades acusan a ex oficiales de La FortalezaNoriega: Supremo de E.U. favorecerá al "Blue Ribbon"CEE inicia auditoría del PPDInsuficiencia millonaria en el gobierno, dice HaciendaLos tribunales dan el visto bueno a la ComisiónMcClintock refiere a Comisión de Etica alegada irregularidad en el PIPCFE hace señalamientos contra Acevedo ViláCoroneles inspeccionan zonas en ViequesActivo el movimiento pro marina
Pesquera: los que hayan fallado que se atengan a las consecuencias 25 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - El líder novoprogresista Carlos I. Pesquera dijo el lunes que los que le hayan fallado, y quien le falle, al pueblo y a su gobierno, "que se atenga a las consecuencias legales correspondientes". Pesquera reaccionó así a los arrestos de dos ayudantes del ex gobernador Pedro Rosselló por conspirar para interferir con el comercio interestatal mediante extorsión y extorsión propiamente. "Mientras la justicia sigue su curso, nosotros, como puertorriqueños tenemos que seguir adelante tratando de rescatar a nuestro pueblo del estancamiento en que el gobierno lo tiene", dijo el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin adjudicar responsabilidades en esos casos, Pesquera dijo que quien le haya fallado, y quien le falle, al pueblo y su gobierno, que se atenga a las consecuencias legales correspondientes". La magistrada federal Aida Delgado le impuso el lunes $75,000 dólares de fianza Maria de los Angeles Rivera Rangel, ayudante del ex gobernador Pedro Rosselló y 150 mil al ex subsecretario de la Gobernación, Angel Luis Ocasio Ramos. De ser hallados culpables, ambos acusados podrían enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel y hasta $250,000 de multa o ambas penas a discreción del juez.
Autoridades federales acusan a ex oficiales de La Fortaleza Por Proviana Colón Díaz de WOW News 25 de marzo de 2002 La ayudante del ex gobernador Pedro Rosselló María De Los Angeles "Angie" Rivera Rangel y el ex Sub Secretario de la Gobernación y contratista Angel Luis Ocasio Ramos fueron arrestados el lunes por participar en un esquema para obstruir y afectar el comercio interestatal a través de extorsión. El Fiscal Federal Interino Guillermo Gil dijo que estas acusaciones le preocupan sobremanera, ya que involucran la Mansión Ejecutiva, pues Rivera Rangel usaba su oficina en La Fortaleza para arreglar reuniones con altos ejecutivos de la administración Rosselló. "Este caso y las alegaciones de esta acusación me preocupan mucho pues lo que indican es que la Oficina de La Fortaleza estaba a la venta de unas personas que tenían interés en llegar al gobierno de la manera impropia", dijo Gil en conferencia de prensa. Sin embargo, Gil fue claro en destacar que no hay ninguna evidencia que indique que el ex gobernador Rosselló tuviera algún conocimiento de las actuaciones de Rivera Rangel. De acuerdo al pliego acusatorio, Rivera Rangel demandaba y obtuvo pagos mensuales que totalizan $125,000 de Ocasio Ramos y tres otros contratistas para arreglar reuniones en las agencias de gobierno. Rivera Rangel alegadamente demandaba $1,500 de cada contratista por las reuniones, que totalizaban unos $6,000 mensuales. Alegadamente, también solicitó trabajos de remodelación y reparaciones en su apartamento en Río Piedras, como la instalación de un aire acondicionado. El alegado esquema tuvo lugar desde el 1997 a marzo de 2001, lo que apunta hacia el hecho de que Rivera Rangel pudiera haber continuado recibiendo pagos aún después de dejar su puesto en la oficina. La investigación incluye la cooperación de algunos de los tres contratistas, a quienes el fiscal interino declinó identificar y a quienes se les grabó conversaciones con Rivera Rangel, en las que se confirma su participación en el esquema. Todos los contratistas, de acuerdo a Gil obtuvieron contratos multi- millonarios con el gobierno. Aún así, el fiscal aclaró que Rivera Rangel demandó los pagos por arreglar las reuniones y no por asegurar los contratos. "El propósito de pagar a Rivera Rangel no era para obtener los contratos, era para ganar acceso a los jefes de gobierno y agilizar los pagos de los contratos ya existentes, de facturas que estaban pendentes," dijo Gil. Ocasio Ramos, quien la semana pasada se declaró culpable en dos cargos de corrupción y extorsión por $35,000 para obtener un contrato con la Administración de Sistemas de Retiro, también fue el Sub Secretario de la Gobernación por un periodo de seis meses en la primera administración del ex gobernador Pedro Rosselló. Al momento en que se producen los alegados actos sin embargo, Ocasio era el dueño de ‘Global Management Corporation’. Ambos funcionarios encaran un cargo de conspiración para interferir con el comercio interestatal mediante extorsión. De ser encontrados culpables ambos encaran una sentencia de 10 a 20 años y multas por 250,000.
Noriega: Supremo de E.U. favorecerá al "Blue Ribbon" 24 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - David Noriega, presidente de la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, vaticinó este domingo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos también desestimará una petición encaminada a "entorpecer" la labor que realiza este grupo de ciudadanos privados en contra de la corrupción gubernamental. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuíto de Boston determinó el viernes que el llamado comité "Blue Ribbon" puede continuar su labor investigativa porque no viola aspectos constituciones relacionados al debido proceso de ley, como determinó el juez federal José A. Fusté. El ex director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Jorge Aponte, anunció que apelaría el laudo al Tribunal Supremo de Estadados Unidos porque se dejaron de evaluar parte de los expedientes del caso. "Está dentro del derecho de Aponte el solicitar un recurso de cerciorari. Que lo haga. No creo que va a llegar a ningún sitio y veremos lo que dispone el Tribunal Supremo federal", dijo Noriega. "A mí no me preocupa absolutamente en lo más mínimo que se apele", agregó en un simposio radial. "Me atrevo a decir con plena tranquilidad que si radica el recurso no va a llegar a ningún sitio con él. Si quiere botar chavos que lo radique", aseguró el líder independentista.
CEE inicia auditoría del PPD 24 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) inició la auditoría solicitada por la gobernadora, Sila María Calderón, sobre los gastos de la campaña del Partido Popular Democrático (PPD) en las pasadas elecciones, informó el organismo. El comisionado electoral del PPD, Carlos López Feliciano, señaló que la auditoría se encuentra entre las prioridades de la agencia, por lo que ya se impartieron las instrucciones correspondientes para que se lleve a cabo la transferencia de los $200,000 que la Gobernadora asignó a la División de Auditoría de la CEE para comenzar los trabajos. Dijo, sin embargo, que los Comisionados de los tres partidos políticos esperarán hasta la Auditoría Financiera de todos los partidos que por ley tiene que hacer la CEE luego de las elecciones generales, para confrontar los hallazgos de ambas auditorías. Para la auditoría del PPD, la CEE cuenta con 25 auditores y un sinnúmero de contadores públicos independientes bajo contrato, quienes realizarán el trabajo de manera rápida, indicó. Calderón solicitó a la CEE una auditoría de las finanzas del PPD a raíz de señalamientos hechos a su partido por la alegada violación a la Ley Electoral durante su campaña eleccionaria. Al PPD se le adjudica un esquema, ideado por los estrategas de campaña de Calderón, para violar la Ley Electoral que consistía en utilizar a candidatos a legisladores y a las alcaldías en anuncios de campaña resaltando la imagen de la hoy Gobernadora. Calderón ha dicho que esas imputaciones son falsas.
Insuficiencia millonaria en el gobierno, dice Hacienda 24 de marzo de 2002 PONCE (AP) - La administración de la gobernadora Sila M. Calderón encara una insuficiencia de 191 millones de dólares para poder cuadrar el presupuesto gubernamental del próximo año que comienza a regir en julio de este año, dijo el domingo el secretario de Hacienda, Juan Flores Galarza. Agregó que el gobierno de Calderón encontró un déficit operacional de 700 millones de dólares cuando asumió la administración en enero de 2001. Flores Galarza atribuyó, entre otras cosas, la insuficiencia actual de fondos a la desaceleración económica ocurrida a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York que arreció la recesión. "Hasta diciembre pasado teníamos una insuficiencia de recaudos de alrededor de 200 millones de dólares, pero en enero y febrero los recaudos han sido por encima de nuestro presupuesto y esa insuficiencia ha bajado a 191 millones de dólares", dijo Flores Galarza en entrevista radial. El titular de Hacienda espera que la insuficiencia presentará una mejoría en los próximos cuatro meses debido al cobro de las contribuciones. Además, dijo que ha identificado otras fuentes de recaudos no recurrentes, que no precisó, para poder cuadrar el presupuesto y vaticinó que para el 2003 se acabará con el problema del déficit estructural, consistente en que los ingresos recurrentes no dan para cubrir los gastos recurrentes. Se refería a la decisión de la Gobernadora de patrocinar legislación encaminada a asignar impuestos adicionales a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehículos de usos múltiples, entre otros. Pero Flores Galarza dijo que la administración Calderón se encamina próximamente a conceder incentivos contributivos individuales y el impacto reducirá los recaudos, pero se conjurará por el crecimiento económico que se espera ocurra en los próximos dos años.
Los tribunales dan el visto bueno a la Comisión ‘Blue Ribbon’ 23 de marzo de 2002 BOSTON (AP) – La comisión especial creada por la Gobernadora de Puerto Rico para investigar en secreto las actividades del gobierno, no viola los derechos de la corrección formal establecidos por la Constitución de los EE.UU., según decretaron los expertos del tribunal de apelaciones. El fallo emitido por el panel formado por tres jueces del Tribunal del Apelaciones del Circuito 1º de los Estados Unidos anula la decisión emitida por un tribunal del distrito federal prohibiendo que la comisión llevase a cabo investigaciones sin incoar los procedimientos judiciales habituales. ``Esta decisión permite a la comisión seguir en su lucha contra la corrupción,'' dijo la Gobernadora de Puerto Rico, Sila Calderon, quien constituyó el panel mediante una orden ejecutiva en el año 2001. El demandante Daniel Pagan, anterior Secretario del Departamento de Recursos Medioambientales y Naturales de Puerto Rico, dijo que iba a solicitar que el tribunal superior de apelaciones revisase la decisión. Pagan se vio implicado en dos de las tres investigaciones llevadas a cabo por la comisión; su codemandante, el anterior director del presupuesto, Jorge Aponte, se vio implicado en una de ellas. Calderon dijo que había creado la Comisión de Ciudadanos Independientes para la Evaluación de Transacciones Gubernamentales con el fin de aumentar la confianza en las instituciones del gobierno plagadas de escándalos durante la anterior administración del Partido Nuevo Progresista. Tanto Pagan como Aponte formaron parte de dicha administración. La comisión funciona de forma estrictamente confidencial. No se permite a los testigos tomar notas o evidencia alguna de su testimonio. No se permite a los testigos no considerados sospechosos que su abogado esté presente. Sólo la gobernadora tiene el derecho de hacer públicas las conclusiones o las pruebas que la comisión haya recogido. Los expertos de la comisión de apelaciones dijeron que, dado que la comisión tan solo emite recomendaciones y no tiene autoridad para acusar de un crimen, no hay modo en que pueda violar los derechos de la corrección formal.
McClintock refiere a Comisión de Etica alegada irregularidad en el PIP 22 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - El senador Kenneth McClintock refirió el jueves a la Comisión de Etica del Senado un artículo periodístico donde el legislador independentista Fernando Martín hace declaraciones que alegadamente podrían constituir violaciones de la Ley Electoral. McClintock envió una carta al presidente de la Comisión, Eudaldo Báez Galib, donde incluyó copia del artículo publicado el 17 de marzo en el periódico, donde se señala que casi el 80 por ciento de los ingresos de la campaña de Martín y del representante Víctor García San Inocencio fue producto de la venta del libro "Con Rubén en la playa". En el artículo se indica que los libros fueron comprados a su autor, Pablo Marcial Ortiz, en $3 cada uno, para ser vendidos a $20. "Cabe preguntarse si todos y cada uno de los ciudadanos que compró los libros distribuidos por los candidatos por acumulación del PIP estaba consciente de que estaban haciendo una contribución de $17 al comité de campaña de estos candidatos", planteó en su misiva el también portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Por su parte, Martín se expresó confiado en que la Comisión no le dará paso al planteamiento de McClintock, que calificó como un señalamiento "obsolutamente frívolo".
Comisión Federal de Elecciones hace señalamientos contra Acevedo Vilá 22 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - La Comisión Federal de Elecciones emitió dos informes preliminares en los que le advertían al Comisionado Residente en Washington, Aníbal Acevedo Vilá, que recibió contribuciones excedentes a las permitidas por ley y que tenía que declarar su candidatura para el 2004, si quería continuar recaudando fondos. No obstante, Acevedo Vilá declaró que debido al problema con el ántrax en el Congreso, nunca recibió los informes que tenían el equivalente a un ultimátum, y que por tuvo conocimiento tardío de los mismos vía Internet, según trascendió en la prensa. El funcionario aceptó que había recaudado $200,000 en sus primeros 14 meses de gestión, pero aseguró que el dinero está destinado a pagar una deuda ascendente a $700 mil, contraída con la agencia de publicidad Lopito, Ileana & Howie, por la campaña primarista y la campaña eleccionaria. El comisionado residente afirmó que no le preocupan los señalamientos de la agencia federal y que ya había radicado su candidatura. Por otro lado, en asuntos relacionados, la magistrada federal Aida Delgado separó el jueves los días del 29 al 31 de mayo próximo para escuchar la prueba sobre la querella contra el comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, incoada por el ex incumbente, Carlos Romero Barceló. Romero Barceló acusa a Acevedo Vilá de violar el Código federal de Etica de los abogados por una querella que le radicó en el 2000 ante la Comisión Federal de Elecciones, basada en declaraciones del ex chofer Andrés Sánchez Delgado, que presuntamente lo involucraban en un esquema de donativos a cambio de favores políticos.
Coroneles inspeccionan zonas en Vieques 22 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - El coronel César García Ortiz, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo (SAOC), visitó la isla de Vieques y aseguró que se trasladará allí permanentemente mientras duren las nuevas prácticas bélicas por parte de la Armada estadounidense. García Ortíz contará además con el comandante del área de Fajardo, coronel Gilberto Díaz Pagán para lidiar con los manifestantes del lado civil en la Isla Municipio. Ambos funcionarios policiales inspeccionaron el jueves las zonas cercanas al campamento García, así como el Complejo Deportivo y el Parque de Bombas donde se hospeda el contingente de 200 efectivos que usualmente se asigna a Vieques durante las maniobras militares, según reseña la prensa. De otro lado, el superintendente de la Policía, Miguel Pereira no asistió el jueves por la noche, por alegados problemas de salud, a una reunión pautada con los líderes viequenses, donde se discutiría, entre otras cosas, la presencia de la Fuerzas Unidas de Rápida Ación (FURA). La Marina anunció que comenzará su nueva ronda de bombardeos el primero de abril, mientras que los grupos que se oponen a las prácticas han adelantado que entrarán a los terrenos militares para detenerlos.
Activo el movimiento pro marina en Vieques, según su portavoz 22 de marzo de 2002 SAN JUAN (AP) - El grupo Viequenses Pro Marina reapareció este viernes para anunciar que seguirá luchando a favor de la permanencia de la Armada en Vieques. El líder del grupo, Luis Sánchez, indicó que con ese propósito, este sábado realizarán una reunión para coordinar actividades de respaldo al cuerpo castrense, de cara a las maniobras pautadas para abril. "El movimiento pro marina en Vieques y Puerto Rico sigue vivo y creciendo. Por tal razón, el movimiento continuará, como hasta ahora, celebrando reuniones y actividades relacionadas", dijo Sánchez en comunicado. La Armada ya notificó al Gobierno puertorriqueño que realizará maniobras militares en el polígono de Vieques a partir del próximo primero de abril.
|