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Inferiores al Medicaid los servicios de salud en la isla

Por Melissa B. González Valentín

4 de julio de 2002
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De acuerdo con la evaluación encargada por el Departamento de Salud, los estándares de los servicios que se ofrecen a los pacientes de reforma en Puerto Rico están muy por debajo de los ofrecidos por Medicaid en los Estados Unidos continentales.

El Departamento de Salud reveló que sólo el 39% de las pacientes de reforma son sometidas a un cernimiento de cáncer del seno y el 32% a un cernimiento de cáncer cervical, mientras que los porcientos de Medicaid son de 55% y 58%, respectivamente.

El estudio también reveló una prevalencia de diabetes más alta en los pacientes de reforma que en los pacientes con seguro médico privado—o sea, 6.2% vs. 4.7%—mientras que los fallos renales son casi tres veces más frecuentes en los pacientes de reforma que en los pacientes de seguro médico privado.

"Estos hallazgos plantean la necesidad y a la vez la oportunidad para las aseguradoras de mejorar el cuidado de los servicios examinados. A su vez, ayudan a tener un mapa actual de la salud y a encaminarnos a cumplir con las metas de ‘Puerto Rico, Gente Saludable 2010’, iniciativa que plantea una agenda de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la isla", dijo el Secretario de Salud, Johnny Rullán en la conferencia del miércoles.

Rullán dijo que la meta para el 2010 es realizar las pruebas de cernimiento de cáncer del seno y de cervix en el 70% y 90% de las pacientes, respectivamente.

El estudio fue realizado por el Health Plan Employer Data Information Set (Hedis), utilizando datos del 2000 recopilados por las aseguradoras participantes de la reforma que, en ese entonces, eran Humana, La Cruz Azul y Triple C. MCS no fue incluida en el estudio, ya que se unió a la reforma ese mismo año. Al final del pasado años fiscal que concluyó el 30 de junio, Cruz Azul fue excluida de la reforma.

El estudio fue enfocado en servicios preventivos de salud relacionado con los exámenes de cáncer cervical y del seno, al igual que pruebas para pacientes de diabetes.

Rullán dijo que el gobierno también contrató a Quality Improvement Professional Research Organization (Quipro) para evaluar la incidencia de diabetes y asma en Puerto Rico.

De acuerdo con dichos resultados, los expedientes de los pacientes no estaban bien documentados, menos del 10% de los pacientes de asma habían sido debidamente clasificados según la gravedad de su condición y la tasa de mortalidad por asma es tres veces mayor que en los Estados Unidos continentales.

"Esto es algo inaceptable. Necesitamos asegurarnos de que los pacientes de asma sean debidamente clasificados para que puedan recibir el tratamiento adecuado", dijo Rullán.

Rullán añadió que en cuanto al costo, a la larga es más económico para los proveedores de la reforma brindarle al paciente el tratamiento adecuado a tiempo, que pagar por hospitalización o cirugía.

Mientras tanto, solamente Triple C obtuvo una evaluación alta en cuanto al servicio preventivo para los pacientes de diabetes tales como los exámenes de hemoglobina, fondo de ojo, de pies, al igual que en identificar factores de riesgo como la obesidad y el fumar.

El Secretario de Salud atribuyó dichos resultados a que Triple C ha establecido un programa de manejo de enfermedades que ha ayudado a los proveedores de salud brindar mejor tratamiento a los pacientes y así prevenir que condiciones de salud tales como la diabetes y el asma lleguen a una etapa crítica que requiera intervención quirúrgica, hospitalización o que incluso cause la muerte.

"Algunas estrategias de intervención que las aseguradoras deben explorar son desarrollar programas de alcance comunitario agresivo para apoderar a los pacientes, insistir con los proveedores en mejorar la documentación en los expedientes y aumentar la proporción de pacientes en programas efectivos de manejo de enfermedad", dijo Rullán.

A pesar de que Orlando González, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, ha dicho que los contratos de tres años que ha suscrito con las aseguradoras de la reforma—Triple C, Humana y MCS—incluyen cláusulas que permiten al gobierno cancelar dichos contratos si éstas no cumplen con los estándares establecidos, dijo que dicha acción sería una última opción, ya que las multas también son un recurso que tiene el gobierno para obligar a las aseguradoras a cumplir con dichos requisitos.

Mientras tanto, Rullán explicó que por ser ésta la primera de una serie de evaluaciones para monitorear la calidad de los servicios de cuidado de salud que reciben los pacientes de la reforma, el Departamento no dará nota a las aseguradoras ahora, pero sí el año que viene.

Cuestiona PNP transparencia del llamado "Blue Ribbon"

3 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - El Partido Nuevo Progresista (PNP) censuró el miércoles la negativa del presidente del Blue Ribbon, David Noriega, de negarse a presentar los informes financieros que la ley le exige a los funcionarios públicos y lo emplazó a practicar la transparencia que predica y exige a los demás.

La Secretaria General interina del PNP, Sylvia Maisonet Díaz, dijo que Noriega contínuamente hace alardes de ser el único puertorriqueño decente y se auto proclama fiscal del pueblo, pero a la hora de la verdad, oculta información al pueblo sobre sus finanzas y manejos profesionales.

Maisonet Díaz dijo que si Noriega no tiene nada que esconder en sus negocios privados debe rendir esos informes financieros como lo hacen las demás personas que están en el servicio público.

La funcionaria del PNP pidió al Contralor y al director de la Oficina de Etica Gubernamental que no se dejen intimidar por los ataques que pueda hacer Noriega y que sigan haciendo su labor de fiscalización para el que fueron designados.

Noriega, quien presidente de la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales, anunció que impugnará en los tribunales la decisión de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), que los obligaría a presentar informes financieros, alegando que no es un funcionario público.

Justicia discute en Washington futuro de terrenos en Vieques

3 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - La secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, y el presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Esteban Mujica, se reunieron este lunes con funcionarios del Departamento de Interior en Washington para discutir el futuro de los 3,100 acres de terrenos del oeste de Vieques que permanecerán en manos del gobierno federal.

Rodríguez propuso que cualquier plan de desarrollo en esa zona permita el uso público de las playas e incluya el sentir de los viequenses.

Según informes de prensa, la secretaria buscaba que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos tengan jurisdicción concurrente en el cumplimiento de la ley sobre las 3,100 acres.

Sin embargo, no se discutió la administración conjunta de esos terrenos.

Una ley aprobada bajo la administración del ex presidente Bill Clinton permitió la devolución al municipio de Vieques de 4,100 acres de terreno, antes en manos de la Armada estadounidense. El Departamento del Interior obtuvo la titularidad de otras 3,100 acres y el Fideicomiso de Conservación alrededor de otras 800 acres.

El Alcalde de Bayamon respalda a Bush

3 de julio de 2002
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KISSIMMEE — El alcalde la segunda ciudad más importante de Puerto Rico estuvo en Kissimmee el martes para anunciar su respaldo a la campaña de reelección de Jeb Bus, así como a los dos candidatos locales de Puerto Rico para el cargo.

El alcalde Ramón Luis Rivera, de Bayamón, participó en un pequeño almuerzo en el restaurante ‘Signature by the Lake’ en el centro de Kissimmee, durante el cual hablaron de su respaldo a Bush; el Republicano Anthony Suarez, candidato al senado por el Distrito 14; y John P. Quiñones, candidato Democrata a la Cámara del estado por el Distrito 49.

Rivera dijo que respaldaba a Suarez y Quiñones como un medio para mejorar las relaciones comerciales y culturales entre Puerto Rico y Florida Central, donde residen más de 200.000 puertorriqueños.

También se encontraba presente Héctor O'Neill, alcalde de la ciudad isleña de Guaynabo. Bayamón y Guaynabo están justo a las afueras de la capital, San Juan.

Aumentan los subsidios federales para asistencia infantil

Por Proviana Colon Diaz

3 de julio de 2002
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El Comisionado Residente, Acevedo Vila, anunció que el Congreso de los EE.UU. había aprobado un aumento de $10 millones en los programas de asistencia infantil dirigidos a ayudas para las familias que se hallan en el proceso de conseguir trabajo. Como consecuencia, la isla recibirá $2,7 millones en subsidios para asistencia infantil.

"Esto significa que el gobierno del ELA de Puerto Rico recibirá un aumento del 16% en el importe anual destinado a asistencia infantil. El número de familias que de benefician del programa podría aumentar de 11.000 a 16.000," dijo Acevedo Vila.

Acevedo Vila hizo estas declaraciones durante una audiencia pública del Comité de Asuntos Internacionales y Federales de la Cámara sobre una moción presentada por su presidente, Hector Ferrer, para investigar los fondos recibidos a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el programa de subsidios del Fondo de Ayuda Temporal a los Necesitados (TANF) así como el impacto de la reforma del sistema de bienestar público sobre los municipios de la isla.

"La dependencia de los fondos federales puede y debe combatirse con otro instrumento. Tenemos una oportunidad única para introducirnos en la economía mundial mediante el proyecto del Puerto de las Américas, lo que supone una tremenda oportunidad para crear miles de puestos de trabajo," dijo el alcalde de Ponce, Rafael Cordero Santiago.

La subsecretaria del Departamento de Familia, Marta Elsa Fernández, estuvo de acuerdo con Cordero en que la reforma del sistema de bienestar público debería ser analizado en el contexto de la nacionalidad puertorriqueña.

Fernandez explicó que la mayoría de las personas que ya no pueden optar al TANF siguen sin empleo cuando se han acabado los beneficios del subsidio, lo cual dificulta que se acabe con su dependencia del PAN.

En vista de esta situación, el Departamento de Familia está evaluando cambios en el modo en que ofrece oportunidades de empleo a los clientes dependientes, dijo Fernandez.

Fichados los líderes del PNP acusados de motín

2 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) — El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Ignacio Pesquera compareció el martes al Cuartel General de la Policía donde fue fichado junto a otros tres dirigentes de su Partido Nuevo Progresista (PNP) por su acción de abrirse paso para entrar a una agencia gubernamental con el fin de colocar una bandera de Estados Unidos en el vestíbulo esa dependencia.

Carlos Pesquera justificó su acción y negó que actuara violentamente durante la protesta ocurrida el pasado 20 de junio.

Al salir el martes del edificio del Cuartel General de la Policía, Pesquera dijo que "este es un momento que normalmente es necesario, lo aceptamos porque al final de esto vamos a demostrar el atropello a que hemos sido sometidos".

"Este pueblo sabe que esto es un intento de esta administración por acallar a la oposición", dijo el líder de oposición al salir de las oficinas de la Policía donde fue fichado junto al Comisionado Electoral de su formación política, Thomas Rivera, un ex presidente del PNP; Leo Díaz y el ex vicepresidente de la Cámara de Representantes, Edwin Mundo.

Pesquera expresó confianza en que será absuelto del cargo de incitación a motín que se le imputa por un incidente surgido cuando entró con un grupo de sus seguidores a la oficina de la Procuradora de las Mujeres para colocar una bandera de Estados Unidos al lado de la de Puerto Rico.

La Procuradora María Dolores Fernós había rehusado colocar la bandera de Estados Unidos al lado de la de Puerto Rico, como se hace en las demás oficinas gubernamentales del país desde el año 1952 cuando se aprobó la Constitución.

Durante una entrevista con The Associated Press, Pesquera le atribuyó al Gobierno la culpa de permitir que en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres solamente se exhibiera la bandera de Puerto Rico.

"La remoción de la bandera estadounidense de su ubicación al lado de la bandera de Puerto Rico, es una provocación y es una acción ilegal", afirmó.

Antes de 1952, el gobierno de Puerto Rico usaba en sus dependencias la bandera de Estados Unidos sola y a raíz de la aprobación de su Constitución, usa la bandera de Puerto Rico al lado de la norteamericana.

Pesquera permanece libre hasta la vista preliminar, luego de prestar la fianza de $100 que se le impuso el pasado viernes. En igual condición permanecen otros tres miembros de su formación política, contra los que también se radicó cargos por motín. Un policía y un legislador sufrieron heridas leves durante el incidente donde se rompió en el forcejeo el vidrio de la puerta de entrada.

La semana pasada el PNP contrató una empresa de relaciones pública con sede en Miami, que envió comunicados de prensa en inglés a los medios de prensa dando la versión de esa formación política sobre el incidente, describiendo a Pesquera como "un héroe Americano".

Los críticos del PNP y de Pesquera dicen que esa formación política está retando de presentar la mejor cara posible de la embarazosa situación política.

Pero Pesquera dijo que la compañía ha estado involucrada en colocar los comunicados de prensa y que no ha sido contratada para ninguna campaña a largo plazo. "Ellos no están trabajando en nada más", dijo.

El presidente del PNP acusó a la administración de la gobernadora Sila Calderón, que apoya la actual relación de Estado Libre Asociado con Estados Unidos, de desplegar una "visión anti americana".

Calderón censuró la incursión de Pesquera en las oficinas gubernamentales, a la vez que insistió que apoya el uso de las dos banderas en las dependencias públicas. Días antes del incidente, la Mandataria había ordenado que ambas banderas ondearan en las oficinas de la Procuradora de las Mujeres.

Pesquera perdió las pasadas elecciones generales frente a Calderón, y ha expresado que desea volver a retarla en las elecciones de 2004.

Dijo que decidió dirigir la protesta junto a unos 50 seguidores, como "un acto simbólico", y reconoció que los empleados de la agencia pública "tenían la capacidad de evitar una controversia".

"Ellos violentaron mi derecho civil de entrar a un edificio público, por unas razones políticas", manifestó.

Pesquera y otros líderes del PNP fueron acusados también por cargos de agresión, daño a la propiedad y restricción a la libertad de las personas que están en las oficinas ocupadas, pero el tribunal desestimó esos cargos.

Fiscalía asegura tiene prueba sólida contra líderes PNP

2 de julio de 2002
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SAN JUAN (AP) - El fiscal de distrito de San Juan, José Capó, aseguró que tiene prueba sólida para sostener las acusaciones contra los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP), acusados de motín por los incidentes ocurridos recientemente en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Capó dijo además que evalúa el resto de la prueba que no desfiló ante el tribunal el pasado viernes, para determinar si irá en alzada para que se determine causa contra los líderes novoprogresistas por los cargos de restricción a la libertad, agresión agravada y daño a la propiedad.

Según informes de prensa, el fiscal tendrá un periodo de 60 días para tomar la determinación sin que prescriba el término requerido por ley.

Capó defendió la gestión del ministerio público en la vista para causa a pesar de las críticas de que presentó un caso poco sustentado, lo que provocó que la jueza Elizabeth Linares no encontrara causa contra Carlos Pesquera, Edwin Mundo, Thomas Rivera Schatz, Leo Díaz y Peter Mueller, por los delitos mencionados.