Click here to see this page in English.

Adelante Calderón con reforma electoral a pesar de oposición del SEC

16 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

HATILLO (AP) - Aunque dejó claro que seguirá impulsando la aprobación del proyecto de su autoría sobre la Reforma Electoral, la gobernadora Sila Maria Calderón aseguró este miércoles que su propuesta esta abierta a discusión.

"Yo lo apoyo como lo he enviado, pero eso no quiere decir que yo no estoy abierta a escuchar, y ya he comenzado a discutir con los legisladores posibles enmiendas al proyecto", dijo Calderón en conferencia de prensa en Hatillo.

Durante las vistas públicas de la comisión especial cameral que evalúa la Reforma Electoral celebradas ayer, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Aurelio Gracia Morales, se opuso al proyecto que propone que las campañas electorales sean financiadas con dinero público.

Según el juez, esa legislación no evitará el tráfico de influencias y en lugar de fortalecer la confianza del pueblo en los partidos políticos y sus candidatos, podría minarla más.

Por su parte, Calderón dijo que "es obvio que la corrupción como tal no puede terminarse totalmente con un sólo proyecto".

Ante esto la Mandataria propuso al pueblo puertorriqueño y a su Gobierno "hacer un ataque frontal" a la venta de influencias a traves de los donativos privados en las campañas políticas.

Calderón señaló que "este proyecto de ley va a ser un componente importante en aliviar esta situación que hemos tenido en el cumplimiento de la Ley Electoral en Puerto Rico".

Discrepó además del planteamiento de Gracia Morales en el sentido de que la medida resultaría una "inversión inaceptablemente alta de fondos públicos".

"En este país se gastan más de $100 millones en elecciones lo que me parece totalmente inaceptable", agrego Calderón.

Aseguró que el gasto será mucho menor al de ahora, en gran medida porque un componente importante del proyecto es que se acorte el período de campañas publicitarias.

Colegio de Abogados pide investigación sobre desestimación caso Fajardo

16 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - El Colegio de Abogados de Puerto Rico informó que solicitó el miércoles al Procurador General de Estados Unidos, John Ashcroft, que investigue la conducta de la fiscalía federal en San Juan al solicitar la desestimación con perjuicio de todos los cargos pendientes contra diez acusados en el caso de corrupción en el Departamento de Educación.

El presidente de ese gremio, Arturo Dávila informó que su solicitud esta contenida en una carta que curso a Ashcroft donde pide se investigue cuanto antes lo sucedido en la fiscalía en ese caso, y determinar si se incurrió en alguna irregularidad en los procedimientos que culminaron en el archivo del caso.

Dávila enfatizó la importancia que reviste el caso Fajardo para todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, por las implicaciones de corrupción en los más altos niveles del gobierno y de las estructuras pólitico-partidistas, y por el hecho de que los dineros federales envueltos en el alegado esquema de corrupción eran fondos destinados para la educación de los niños más necesitados.

En su misiva a Ashcroft, el presidente del Colegio de Abogados señala que la decisión de la fiscalía federal ha causado gran consternación entre el público en general, y entre los abogados del país, porque no está claro por que se tomó la decisión drástica de solicitar el caso en un futuro; por qué se determinó que el alegado perjurio de Fajardo, sobre un aspecto que no va al corazón de las alegaciones contra los acusados, hacia necesario el archivo de todos los casos pendientes, ni cuál es el alegado conflicto ético que obligó a los fiscales federales a proceder de tal manera.

Desmantelan organizaciones vinculadas al narcotráfico

15 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - Agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) arrestaron este martes a 52 personas en Ponce como parte de un operativo contra siete organizaciones que trafican con drogas y a las que vinculan con, al menos, 50 asesinatos desde el 1997.

Jerome Harris, agente especial a cargo de la DEA en el Caribe dijo, no obstante, que sólo se radicarán acusaciones en el foro judicial federal contra algunos de los arrestados por siete asesinatos.

Aseguró, además, que aun faltan 24 personas por arrestar, contra las que existen ordenes de arresto y las que podrían ser apresadas en las próximas semanas.

Los arrestos se concentraron en la Calle Atocha, el Residencial Lirios del Sur, Calle Acueductos, La Ponderosa, Sector Pueblo Viejo del Barrio Playa, el Callejón de los Conejos de la calle Cotto y el Residencial Ponce de León.

Según el funcionario, la fase de investigación de este operativo, que llevó por nombre SOS II, inició en septiembre del año pasado con una pesquisa en la que contribuyeron entre otras el Negociado de Investigaciones federales (FBI, por sus siglas en inglés) y agentes del Negociado Especial de Investigaciones de Puerto Rico (NIE).

Mientras, la fase de los arrestos inició el sábado con la participación de 400 agentes de distintas agencias.

La fiscal federal Rosa Rodríguez adelantó que solicitará la denegación de fianzas para los 52 arrestados debido al gran volumen de droga que manejaban y por la violencia que generaron en los últimos años.

Mientras, Sonia Torres, directora de la división criminal del Departamento de Justicia federal dijo que los asesinatos desatados desde mayo hasta el martes en la zona sur, no pueden ser atribuidos aun a estas organizaciones, ya que la mayoría de estos se mantienen bajo investigación.

"Estas organizaciones utilizaron armas y violencia para controlar sus puntos de distribución de drogas y aterrorizaron comunidades por las guerras entre organizaciones rivales", dijo Harris en conferencia de prensa junto al Superintendente de la Policía, Miguel Pereira, y la Secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez.

El jefe de la DEA agrego que, en conjunto, estas organizaciones distribuyeron más de 2,500 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de heroína, 300 kilogramos de crack,y sobre 3,800 libras de marijuana únicamente en el area de Ponce.

Tras la desarticulación de estas siete organizaciones, el Superintendente de la Policía dijo que aumentará la vigilancia en Ponce, toda vez que la reacción inicial a este tipo de incursión es de un aumento significativo en la violencia de otros grupos que se forman para tratar de posicionarse como los nuevos líderes en la distribución de drogas.

"La Policía estara alerta... pero la comunidad tiene que ayudarnos porque la Policía no puede sola eliminar toda la delincuencia", dijo Pereira.

Un operativo similar, llamado SOS, se produjo en la zona sur hace alrededor de un año y en ese momento la DEA dijo que había logrado desarticular nueve organizaciones de narcotraficantes.

El jefe de la DEA dijo el martes que las organizaciones interceptadas en el operativo SOS II, sustituyeron las anteriores, por lo que su trabajo continuará para evitar el surgimiento de nuevos grupos.

Califican de nefasto el precedente sobre reclamo de vídeos noticiosos

15 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - El Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico calificó el martes como nefasta la decisión del Departamento de Justicia de obligar a varios noticiarios de televisión, a traves de los tribunales, a entregar los vídeos sin editar del incidente ocurrido el pasado mes de junio en las oficinas centrales de la Procuraduría de las Mujeres donde estuvieron involucrados líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mariemil Rodríguez, directora ejecutiva del Centro, dijo que ese organismo, al igual que las otras organizaciones de prensa de Puerto Rico, cree que esa acción ha sentado un precedente nefasto para la libertad de prensa en Puerto Rico.

"Hoy el Departamento de Justicia de Puerto Rico exige esos crudos y mañana pueden allanar las notas y grabaciones de los periodistas y de eso hay sólo un paso para irrumpir en los hogares de los periodistas", dijo el Centro en un comunicado.

Sostuvo que esa acción, además, convierte a los periodistas y a los medios noticiosos en una brazo investigador del gobierno, un rol que no es del periodista y los pone en una situación muy precaria y delicada - que podría ser riesgosa - ante sus fuentes y el pueblo de Puerto Rico.

Acevedo Vilá: gobierno hace lo que puede para lograr salida de la Armada

15 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - La administración de Sila M. Calderón no puede hacer más de lo que ha hecho para exigirle al gobierno de Estados Unidos que la Armada detenga los bombardeos en Vieques y abandone la pequeña isla municipio.

Al menos ese parece ser el sentir del comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá, quien ha sido criticado por los opositores a la Armada por no asumir una postura mas enérgica en defensa de la política del gobierno puertorriqueño que postula el cese permanente de las prácticas bélicas y la salida de la Marina tras conocerse el informe del Pentágono que reveló que en Vieques y otras bases de los Estados Unidos se realizaron pruebas con armas químicas y bacteriológicas.

"Eso se ha estado exigiendo", dijo Acevedo Vilá en un aparte con periodistas luego de enumerar ante miembros de la Cámara de Comercio lo que calificó como logros para Puerto Rico.

Acevedo Vilá se refirió a las cartas que el, la gobernadora Calderón y varios congresistas al presidente George W. Bush, solicitándole que ponga por escrito su compromiso verbal de que la Marina saldra de Vieques a más tardar el primero de mayo de 2003, fecha previamente acordada en enero de 2000 por el entonces presidente Bill Clinton y el gobernador Pedro Rosselló.

Empero, Bush no ha contestado ninguna de las misivas.

"Yo te puedo asegurar que en Casa Blanca saben muy bien cual es la posición del gobierno de Puerto Rico y que la presión se ha mantenido firme. Si alguien tiene una idea nueva, pues que la traiga y la analizamos", señaló.

Acevedo Vilá pidió al portavoz de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques, José "Ché" Paralitici, que le de recomendaciones adicionales que el gobierno pueda hacer en esa dirección.

Indicó que el Departamento de Justicia local, que llevo a los tribunales federales de Washington D.C. a la Marina por alegados danos a la salud de la población de Vieques y su medio ambiente, va a investigar los hallazgos del informe del Pentágono y que eso puede fortalecer el caso pendiente de solución en el Tribunal Apelativo de Washington.

"Eso lo que hace es fortalecer nuestro caso de que la Marina debia cesar los bombardeos en Vieques porque nuestro caso siempre había estado sustentado en la situación de salud", dijo.

"Se estan agotando todos los recursos. No ha habido gobierno que haya sido más agresivo en este asunto", puntualizó.

Los líderes viequenses que se oponen a la presencia de la Marina en Vieques alegan que las prácticas bélicas que se realizan allí ha traído una alta incidencia de cancer, entre otros males, pero portavoces de la Armada han negado esa alegaciones consistentemente.

Legislador PPD pide cumbre gubernamental contra la criminalidad

15 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

PONCE (AP) - El representante popular Roberto Cruz pidió este lunes a la gobernadora Sila María Calderón que convoque a una cumbre gubernamental para analizar los graves problemas de la criminalidad y el trasiego de narcóticos.

"Le propongo a la gobernadora Calderón que convoque a instituciones cívicas y a la dirigencia religiosa a una cumbre sobre el grave problema de la criminalidad y el tráfico de drogas", dijo Cruz.

"Los problemas de criminalidad y de droga nos estan acabando", agregó el legislador por el precinto 56 de Ponce en una entrevista radial (WPAB).

Cruz opinó que aunque la oposición pueda usar con fines políticos el alza en la criminalidad y el problema de trasiego de narcóticos, si la Gobernadora convoca a esta cumbre gubernamental "quedamos como grandes porque tenemos que aceptar que el cáncer de la droga y la criminalidad nos esta acabando".

Insistió en que ambos asuntos deben discutirse y analizarse conjuntamente como parte de un programa encaminado a aminorar los delitos en la isla.

Cruz, ademas, insistió en que la Gobernadora debe sustituir al superintendente de la Policía, Miguel A. Pereira, por entender que ha sido inefectivo.

"Lo que quiero para la Policía es una persona que sea efectiva en poner en ejecución un programa anticrimen y que se vean los resultados", dijo Cruz. "Tengo que decir que yo no conozco que tipo de plan anticrimen tiene el Gobierno, no lo veo por ningún lado", añadió.

Estudio confirma discrepancia en estadísticas de asesinatos

14 de octubre de 2002
Copyright © 2002 ASSOCIATED PRESS. Todos los derechos reservados.

SAN JUAN (AP) - Un estudio hecho por la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa confirmó que entre 1990 y el 2000, hubo una diferencia sustancial entre los informes de muertes violentas que se registraron en el Departamento de Salud y los informes oficiales de la Policía, lo que ratificaría la alegada manipulación de estadísticas.

Según el estudio revelado por un diario local, casi 550 que murieron en medio de incidentes violentos quedaron excluidos de las estadísticas de homicidios oficiales de la Policía.

La brecha estadística se agudiza durante los tres años antes de las elecciones generales del 2000, según el estudio.

El superintendente de la Policía, Miguel Pereira, acusó la semana pasada a sus predecesores de "esconder" casos de asesinatos y según los datos que presentó, 757 homicidios, no fueron reportados por la Policía en ese periodo.

La profesora retirada de la Escuela Graduada de Salud Publica de la UPR, señaló que estas diferencias deben estudiarse.