| ¿Debe el Tribunal Supremo dictaminar en favor de la política de puntaje en el proceso de matrícula de la Universidad de Michigan?
El tema de "acción afirmativa" en los procesos de matrícula universitaria está de nuevo en los titulares de los medios de comunicación del país. El argumento ha dividido el gobierno de Bush, vigorizado a la comunidad hispana y a la afro-norteamericana, y engendrado un debate público en torno a si se debe — y cómo se debe — permitir que las instituciones educativas financiadas por el gobierno empleen el factor de raza como un criterio determinante en la selección de su estudiantado.
La Universidad de Michigan, en un esfuerzo por asegurar la existencia de una población estudiantil diversa y representativa de todas las razas, se vale de un sistema de puntaje en su proceso de matrícula de nuevos estudiantes. Los solicitantes reciben puntos por factores tales como su puntuación en el examen de ingreso universitario (SAT), promedio de sus notas en la escuela superior y calidad del ensayo que se exige que redacten como parte de su solicitud de ingreso a la universidad. La puntuación máxima es de 150 puntos, pero los estudiantes minoritarios (hispanos, afro-norteamericanos y nativos norteamericanos) reciben automáticamente 20 puntos antes de tomarse en cuenta otros factores. Lo mismo ocurre con las solicitudes de candidatos provenientes de bajos niveles socio-económicos. Las solicitudes que se reciben del área norte del estado reciben automáticamente 16 puntos por ser de un área en desventaja económica en comparación con el resto de Michigan.
La "política de puntaje" de la universidad ha sido desafiada en los tribunales frente a alegaciones que excluye de manera injusta a solicitantes mejor calificados que no son miembros de minorías. La demanda, presentada por varios candidatos a la facultad de derecho que fueron rechazados, se ha desplazado por los tribunales menores y llegado hasta el Tribunal Supremo de Justica para la determinación final. En el pasado ese cuerpo jurídico ha dictaminado que las instituciones que reciben fondos federales pueden valerse del factor de raza para asegurar diversidad en su estudiantado, siempre y cuando sus políticas "se individualicen estrechamente" para cumplir con un "apremiante interés del gobierno". Una posición que el actual Tribunal Supremo repudia es cualquier tipo de sistema que busque lograr esa diversidad racial con base a un "sistema de cuotas".
La Presidenta de la Universidad de Michigan, Mary Sue Coleman, ha comentado sobre el tema de las "cuotas". "No tenemos, ni hemos tenido nunca, cuotas o metas numéricas en el sistema de matrícula para los que solicitan ingreso a la universidad o a la facultad de derecho. La principal consideración es la clasificación académica del solicitante". Explicó que 110 de los posibles 150 puntos se confieren por factores académicos, incluyendo notas, puntajes en los exámenes y antecedentes académicos en la escuela superior. "Todo estudiantes que se acepta en la matrícula está calificado y preparado para llevar a cabo la labor universitaria", concluyó.
Poco después que el Tribunal Supremo aceptó considerar el caso, la mayoría de las organizaciones nacionales de hispanos se unieron en su apoyo a la política de puntaje de la Universidad de Michigan, citando la necesidad de contar con métodos constitucionalmente establecidos para dar a los estudiantes minoritarios con desventajas una oportunidad de matricularse en prestigiosas universidades. Las expresiones de apoyo a los demandantes han provenido mayormente de grupos conservadores y los que favorecen medios diferentes para lograr el mismo objetivo, tal como los llamados sistemas "racialmente neutrales" que se emplean en Tejas, Florida y California. En esos se admiten automáticamente en las universidades estudiantes que se ubican en el porciento más alto de sus clases graduandas en las escuelas superiores estatales.
Muchos esperaban que el Presidente George W. Bush no se expresaría en torno a este tema. Pero, a última hora de la fecha de la presentación del caso a la consideración del Tribunal Superior, dio instrucciones al Departamento de Justicia para que se sometiera un expediente ante el Tribunal apoyando el argumento que las medidas de la política de puntaje "tienen fallas constitucionales". Fuentes del Herald informan que un día antes del anuncio de la Casa Blanca, Alberto R. Gonzáles, abogado y asesor del Presidente en este asunto, dijo a líderes hispanos que Bush no apoyaría ninguna de las partes en este asunto. Por otro lado, el Washington Post informó que "Bush consideró ligeramente su opción de no expresar opinión alguna al respecto, pero decidió que se trata de un asunto de suficientemente importante a nivel nacional como para ameritar que él emitiera su punto de vista".
Dentro de un gobierno que normalmente se mantiene unido en sus frentes de política, los dos afro-norteamericanos que integran el gabinete del Presidente Bush públicamente expresaron sus discrepancias en torno a la acción tomada por el Presidente. La Asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, que se desempeñó como Rectora de la Universidad de Stanford antes de incorporarse a la Casa Blanca, indicó que el darle preferencias a minorías no es un método efectivo para lograr diversidad en el cuerpo estudiantil. Por otro lado, el Secretario de Estado, Colin L. Powell, dijo que no concuerda con la posición del Presidente Bush en torno al asunto de la política de la Universidad de Michigan. En la Convención Nacional Republicana del 2000, Powell se mostró inequívocamente a favor de los programas de "acción afirmativa".
Los demócratas se lanzaron a los micrófonos para refutar la posición del Presidente, diciendo que su retórica sobre diversidad no es indicativa de sus acciones. Los senadores demócratas Tom Daschle (D-SD), Edward Kennedy (D-MA) y Hillary Rodham Clinton (D-NY) anunciaron que presentarán expedientes como "amigos del tribunal" en favor de las políticas de la Universidad de Michigan. Los voceros republicanos están diciendo que el Presidente y su partido favorecen la diversidad racial, pero que debe lograrse mediante procesos que sean constitucionales. Su argumento es que la política de puntaje de la Universidad de Michigan viola la cláusula constitucional de protección de igualdad e ignora alternativas "racialmente neutrales" que sirven para alcanzar los mismos objetivos. La Senadora Clinton dijo a una audiencia en Harlem que "no hay nada malo en lo que está haciendo la Universidad de Michigan. Aplaudo el compromiso del Presidente hacia la diversidad, pero no creo que reemplazar la acción afirmativa tradicional con planes ‘racialmente neutrales’ nos permitirá alcanzar el objetivo de promover diversidad en nuestras instituciones universitarias".
El Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación (PRLDEF) apoya la política de puntaje de Michigan y se propone hacer saber su posición al Tribunal Supremo en un expediente "amicus". Foster Maer, Director Legal en Oficio del Fondo dijo al Herald que el PRLDEF considera que las universidades que buscan lograr diversidad racial deben admitir el importante papel que desempeña el factor de raza en el mundo real. "Las políticas de matrícula tienen que ser explícitas en su reconocimiento que los factores raciales trascienden en toda la sociedad de los Estados Unidos y a menudo operan como una desventaja contra estudiantes minoritarios debidamente calificados".
La Universidad de Michigan, que durante mucho tiempo ha asumido una posición de liderazgo en los enfoques educativos, insiste en que su politica de puntaje no discrimina. Según la Presidenta de la Universidad, lo que se busca es lograr "un estudiantado con rica diversidad en distintos aspectos a fin de enriquecer el ambiente de aprendizaje de cada estudiante". Los historiadores puertorriqueños recordarán que, en el siglo XIX, fue la Universidad de Michigan la que admitió a su facultad de medicina al puertorriqueño — y eventualmente padre del movimiento de la estadidad en la isla — José Celso Barbosa, un afro-norteamericano, después que la Unversidad de Columbia en Nueva York rechazó su solicitud debido a su raza.
El Tribunal Supremo no ha anunciado la fecha en que comenzarán a escuchar los argumentos orales en este caso. Mientras, los lectores del Herald pueden expresar sus puntos de vista en torno a lo que debería ser el dictamen del Tribunal.
¿Debe el Tribunal Superior dictaminar en favor de la política de puntaje en el proceso de matrícula de la Universida de Michigan? |
