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Click here to see this page in English. La Marina anuncia drásticos recortes en RR... Carrión acusa a los federales de discriminación…Puerto Rico promocionado como enlace caribeño con los EE.UU.….El turismo de la isla se ha estabilizado....El Juez ratifica los anuncios de la Gobernadora…Más de 80 contribuyentes deben millones…Tribunal Supremo.: la Ley 54 no ampara a los homosexuales…Acevedo pretende la reserva El Yunque… Los legisladores del PNP se oponen, Calderón apoya las propuestas para la reforma electoral
La Marina anuncia drásticos recortes en RR 10 de abril de 2003 SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La Marina de los EE.UU. anunció el jueves drásticos recortes en su extensa base de Puerto Rico, diciendo que la mitad de los empleados no serán necesarios cuando concluyan los ejercicios de bombardeo en la cercana isla de Vieques. Más de 2.300 empleados de la Estación Naval de Roosevelt Roads, incluidos militares y civiles, serán trasladados a otros lugares o perderán su puesto de trabajo, dijo el Teniente Scott McIlnay, portavoz de la Flota del Atlántico en Norfolk, Va. La base, que tiene unos 4.800 empleados es una de las mayores fuentes de empleo de Puerto Rico y aporta a la economía unos $300 millones cada año. Los responsables militares dicen que tienen menos utilidad para Roosevelt Roads, que administraba el campo de tiro desde la isla principal. ``La principal función de la base era el entrenamiento en Vieques,'' dijo McIlnay. ``Necesitamos poner nuestros recursos donde se encuentra nuestro entrenamiento, y nuestro entrenamiento está siendo trasladado.'' La Marina tiene previsto retirarse de Vieques el 1 de mayo, devolviendo el tercio oriental de la isla al Departamento del Interior de los EE.UU. y trasladando los entrenamientos a puntos de Florida y otros lugares en la zona continental de EE.UU. El gobierno de Puerto Rico ha aplaudido el fin de los ejercicios de bombardeo pero instó a la Marina para que no cerrase la base, diciendo que es vital para la economía de la isla, donde el desempleo se mantiene en un 12 por ciento. El Senador puertorriqueño Kenneth McClintock dijo que el anuncio del jueves `` significa el cierre virtual'' de la base. Como legislador de la oposición, culpó el hecho de que la Gobernadora Sila Calderón haya luchado por conseguir el fin de los ejercicios de bombardeo. La Marina había advertido con anterioridad que el fin de los ejercicios de bombardeo significaría la desaparición de muchas de las operaciones de Roosevelt Roads. Cubriendo una extensión de 22.600 acres, Roosevelt Roads es la mayor base naval de los EE.UU. en el mundo en zona de tierra. La Marina dijo que gastaba más de $100 millones cada año en el funcionamiento de Roosevelt Roads y que los recortes les ahorrarían $57,2 millones.
Richard Carrión acusa a las autoridades federales de discriminar contra Banco Popular Por Ricardo Zuñiga de Associated Press 10 de abril de 2003 El presidente del Banco Popular de Puerto Rico, Richard Carrión, acusó a las autoridades federales de discriminar contra la banca puertorriqueña por la millonaria multa impuesta a esa institución financiera como parte de un acuerdo por la entrega tardía e incompleta de informes sobre transacciones sospechosas en ese banco. Carrión dijo que la multa de $21.6 millones impuesta por el Departamento de Justicia federal no guarda relación con las irregularidades imputadas a la institución. "Si me parece que la penalidad fue excesiva, definitivamente. Me parece que no guarda relación con los hechos en este caso", afirmó Carrión en una conferencia de prensa en las oficinas del Banco Popular, en Santurce. El Banco Popular, el más grande de Puerto Rico, pagó esa suma en enero pasado como parte de un acuerdo con el gobierno federal mediante el cual evitó la radicación de cargos criminales por lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico al no reportar a tiempo actividades sospechosas al gobierno. Carrión, mientras tanto, mencionó varios casos de instituciones bancarias estadounidenses que se vieron involucradas en lavado de dinero y que, según el banquero, no fueron multadas. Al ser cuestionado si esa discrepancia en el trato representaba un discrimen contra la banca puertorriqueña, el ejecutivo contestó: "Yo lo estoy planteando así". "Que me expliquen entonces por qué los otros casos fueron tratados distintos", agregó. El empresario opinó que las autoridades federales utilizaron al Banco Popular para enviar un mensaje a otras instituciones bancarias en Puerto Rico y Estados Unidos sobre la severidad conque tratarán los casos de lavado de dinero. "Nosotros éramos lo suficientemente grandes para enviar un mensaje importante y lo suficientemente pequeños para que nos maltrataran", dijo en otra parte de la reunión con periodistas donde habló del caso que culminó con una negociación el pasado 16 de enero. Bajo el acuerdo con el gobierno estadounidense, el banco admitió violaciones a las leyes federales contra el lavado de dinero, que le requieren al banco notificar a las autoridades de actividades sospechosas. La cantidad pagada como parte del acuerdo, dijo Carrión, es el dinero depositado entre junio de 1997 y septiembre de 1998 por Roberto Ferrario Pozzi, quien utilizaba un negocio de llamadas telefónicas y envío de dinero para lavar dólares producto del narcotráfico. El ejecutivo reconoció que "nos debimos haber dado cuenta antes" de las irregularidades en los depósitos de Ferrario Pozzi. Carrión dijo que la decisión de negociar un acuerdo con las autoridades federales fue para evitar un juicio largo que podría haber afectado la imagen y estabilidad del Banco, aunque aseguró que de haber ido a los tribunales, la institución bancaria habría salido airosa. "Yo tenía que sacar al Banco del problema, y eso fue lo que hicimos", sentenció.
Promueven a Puerto Rico como enlace del Caribe con Estados Unidos 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - El gobierno puertorriqueño aprovechó la inauguración este jueves de la onceava reunión de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre asuntos relacionados con el desarrollo económico y social del Caribe, para promover a Puerto Rico como enlace con Estados Unidos. La promoción figuró en un mensaje que el secretario de Estado, Ferdinand Mercado, ofreció ante los miembros del Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe, que forma parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). "Puerto Rico tiene las condiciones idóneas para convertirse en portavoz, defensor y promotor de los intereses del Caribe ante los Estados Unidos", sostuvo Mercado. Según el funcionario, Puerto Rico tuvo un volumen de exportaciones de $47 mil millones en el año 2002, lo que convierte a la isla en una de las economías más importantes de la región caribeña. "No es posible la integración y desarrollo sustentable del Caribe sin la participación de Puerto Rico", agregó en el mensaje ofrecido ante 45 delegados de 19 países y nueve organizaciones internacionales que sesionan por dos días en un hotel de la capital.
Sólida la actividad turística aquí, según Compañía de Turismo 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - El director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José M. Suárez, informó que, contrario a otros destinos del Caribe, en Puerto Rico se mantiene sólida la actividad turística. Como ejemplo, indicó que la tasa de ocupación hotelera en marzo fue de 79.8%, tendencia que cree se debe en gran parte a los esfuerzos de Turismo por resaltar el mensaje de que la Isla es un destino seguro. "La industria turística de Puerto Rico goza de estabilidad y solidez", sostuvo en comunicado de prensa. Añadió que otros destinos del Caribe ya están siendo afectados por la guerra contra Irak, según recientes informes de la Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus siglas en inglés). Por otro lado, resaltó que en lo que va de la temporada alta, que corre del 16 de diciembre al 15 de abril, la ocupación hotelera registró una tasa de 78.2%, equivalente a 3.7 puntos por encima del mismo periodo del año fiscal 2001-02, cuando alcanzó una tasa de 74.5%. "La temporada alta aún no ha finalizado y el nivel de ocupación refleja alzas, lo que hasta el momento representa un desempeño excelente, considerando los sucesos mundiales", agregó Suárez.
Más de 80 contribuyentes adeudan millones al erario 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - Al menos 42 individuos y unas 40 compañías privadas deben cada uno más de $1 millón en contribuciones, según datos del Departamento de Hacienda reseñados por un diario local. El total de contribuyentes con deudas es de 950 mil. De éstos, cerca de 265,700, equivalente a más de una cuarta parte, tienen deudas "exigibles" y que no han prescrito, dijo el secretario Juan Flores Galarza. El monto de la deuda por concepto de contribuciones al erario, asciende a $2,578 millones, señaló el funcionario. Según la información ofrecida, el 68 por ciento de los individuos tiene deudas con el erario de menos de $1,500 y las de otro 20 por ciento son mayores que esa cifra pero no alcanzan los $5,000.
Supremo: Ley 54 no aplicará a parejas homosexuales 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - El Tribunal Supremo decidió que la Ley 54 que castiga la violencia doméstica no puede ser aplicada a parejas homosexuales, contrario a la política pública que impulsó esta administración. Según informes de prensa, los jueces Efraín Rivera Pérez, Baltasar Corrada del Río, Francisco Rebollo y el juez presidente, José Andreu García suscribieron la decisión. Sin embargo, Andreu García había dicho en junio de 2001 que "la interrelación y convivencia de parejas del mismo sexo es una realidad social a la cual no puede escaparse ninguna institución del Estado". Los jueces Federico Hernández Denton, Miriam Naveira y Jaime B. Fuster se opusieron a la mayoría por entender que la Ley de Violencia Doméstica cobija a las relaciones consensuales de cualquier tipo, por lo que decidir de otra forma es tratar a los homosexuales como ciudadanos de segunda.
Acevedo Vilá insiste en crear reserva silvestre en El Yunque Por WOW News staff 10 de abril de 2003 El Comisionado Residente Aníbal Acevedo Vilá anunció este jueves que sometió de nuevo en el Congreso el proyecto de ley que busca designar 10,000 acres de la parte oeste de El Yunque como un santuario de vida silvestre. Acevedo Vilá indicó que su proyecto pretende proteger los valores ecológicos y escénicos del bosque de las presiones que impone el desarrollo urbano en su periferia. "Esta legislación es simple, reconoce la importancia vital y la necesidad de conservación para el Bosque Nacional del Caribe, el único bosque lluvioso tropical del sistema nacional de bosques de los Estados Unidos", sostuvo al presentar el proyecto hoy en el hemiciclo de la Cámara federal, según un comunicado de prensa. El proyecto en cuestión llegó a ser aprobado durante el pasado Congreso 107 por la Cámara, pero no completó el trámite en el Senado. La medida propone darle a esos 10,000 acres de terreno -que ya forman parte de El Yunque y no son terrenos adicionales para ser incorporados al bosque- la máxima protección legal para conservación que provee el ordenamiento federal bajo el Sistema Nacional de Preservación de Vida Silvestre, se explicó.
Juez Carlos Dávila falla a favor de anuncios de la Gobernadora 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - El juez superior Carlos Dávila falló este miércoles a favor de la gobernadora Sila M. Calderón en la demanda radicada por el Partido Nuevo Progresista por su campaña publicitaria titulada "Puerto Rico, hacia el futuro por buen camino". De inmediato, la Gobernadora cantó victoria por el dictamen. "El Tribunal dictaminó positivamente a favor de nuestra administración en términos de que podemos seguir llevando a Puerto Rico hacia el futuro por buen camino", sostuvo Calderón en una rueda de prensa en Dorado. El Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció este miércoles su intención de apelar la decisión judicial que le permite a la gobernadora Sila M. Calderón continuar con la campaña publicitaria "Puerto Rico hacia el futuro por buen camino". Carlos Pesquera, presidente del PNP, dijo que apelarán el dictamen del juez superior Carlos Dávila "para conseguir que se le haga justicia al pueblo puertorriqueño". "No voy a cesar hasta que finalmente el pueblo no siga siendo expuesto al uso de fondos públicos para adelantar causas políticas y para hacer propaganda", dijo Pesquera en rueda de prensa. La demanda del PNP buscaba que se declarara inconstitucional el uso de fondos públicos en la mencionada campaña bajo el alegato de que los anuncios eran "político partidistas". Mientras, la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, dijo que el gobierno está preparado para enfrentar una apelación por parte del PNP. "Eso es un derecho que ellos tienen y si entienden que tienen que acudir en alzada, pues con muchísimo gusto, pero ciertamente ha sido una derrota clara y contundente", señaló. Según la funcionaria, el tribunal determinó que "la campaña es cónsona con los principios de nuestra Constitución y que sirve un fin público". El presidente del PNP, Carlos Pesquera, radicó la demanda basado en una decisión del Tribunal Supremo, que en 1995 declaró inconstitucional el uso de fondos públicos en una campaña del entonces gobernador Pedro Rosselló, quien en sus anuncios gubernamentales incluía la frase "compromiso cumplido".
Legisladores del PNP se oponen a propuesta reforma electoral 10 de abril de 2003 SAN JUAN (AP) - Tres representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se opusieron este jueves al proyecto presentando por la gobernadora Sila Calderón para el financiamiento público de las campañas electorales. Según Oscar Ramos, José Aponte y Epi Jiménez, la propuesta aumentaría la inversión que el Gobierno hace a las campañas de $9 millones a $21 millones si se suman los tres partido existentes, la que catalogaron de una "falta de respeto a los servidores públicos". Los representantes alegaron que no se justifica la propuesta, entre otras, porque el presente año fiscal pudiera cerrar con un déficit de $150 millones, mientras que se pospuso el aumento prometido a los maestros ante alegada insuficiencia de fondos, por lo que la inversión de $21 millones sería muy alta. "Esta propuesta es una afrenta y una falta de respeto a los servidores públicos que día a día ven cómo sus salarios se reducen y se les niega un aumento digno", dijo Ramos en conferencia de prensa en el Capitolio. Sin embargo, el trío sólo propuso que la aportación gubernamental se mantenga en $9 millones a dividirse en los tres partidos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), también de minoría, propuso por su parte la semana pasada que se redujera la aportación del Gobierno de $9 millones a $6 millones.
Gobernadora acoge informe final de Reforma Electoral Por Ricardo Zuñiga de Associated Press 9 de abril de 2003 La gobernadora Sila M. Calderón acogió el informe final que la Comisión Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales le entregó este miércoles y que propone, entre otras cosas, que el gobierno iguale hasta un máximo de $4 millones las aportaciones privadas que reciban los candidatos a la gobernación. El documento recomienda que se mantenga el fondo electoral de $3 millones por partido, y que el dinero privado que recaude cada colectividad sea pareado dólar por dólar hasta un máximo de $4 millones, lo que establecería en $11 millones el máximo de gastos para la próxima campaña. "Yo estoy aceptando las recomendaciones que están contenidas en este informe", sostuvo la Gobernadora en una rueda de prensa realizada tras recibir el documento en La Fortaleza. El informe establece que los candidatos que deseen acogerse voluntariamente a este fondo especial tendrían que someter una declaración jurada, junto a su director de campaña y el presidente de su compañía de publicidad, para no permitir ni fomentar que se hagan campañas indirectas ni ajenas "a los fines contemplados por ley". Estos serían auditados por un Auditor General designado por el Presidente de la CEE, cuyo nombramiento sería confirmado por al menos dos comisionados electorales. De igual forma, la Comisión propuso que para garantizar la transparencia de las aportaciones privadas, se limite a un máximo de $600,000 los donativos anónimos de $50 o menos, y que cualquier persona que done una cantidad mayor de $50 sea identificada por su nombre, dirección y número electoral. También recomendó un "programa voluntario" de financiamiento público para las campañas a las alcaldías de San Juan, Guaynabo, Carolina y Bayamón, en un sistema en que el gobierno pagaría el 25 por ciento de las campañas, y parearía la mitad del 75 por ciento restante recaudado de fondos privados. La Comisión estimó que el costo de la campaña por cada candidato en San Juan sería $1.5 millones; en Guaynabo, $850,000; en Carolina, $900,000; y en Bayamón, $750,000. "La intención de la comisión es que se vayan incorporando todos los municipios progresivamente", indicó el presidente de la Comisión, Héctor Luis Acevedo, en conferencia de prensa en La Fortaleza. La Gobernadora, por su parte, señaló que este proyecto es parte de un proceso de transición que busca culminar en el financiamiento público total de las campañas electorales. "Representa un paso de avance significativo para lograr el eventual financiamiento público total de las campañas en Puerto Rico", expresó. La propuesta recomienda que el financiamiento público en las elecciones de 2004 sea para las campañas de los candidatos a la gobernación, y que para fines de 2005 la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) someta una propuesta para extenderlo escalonadamente a los candidatos a legisladores y alcaldes en los comicios subsiguientes. También sugiere que se elimine la cubierta del financiamiento de las primarias, cuya fecha para estas próximas elecciones se mantendría en noviembre de 2003. Sin embargo, para las elecciones de 2008, las primarias se realizarían el primer domingo de marzo del mismo año electoral. Además se recomienda que las estaciones del gobierno asignen espacios de tiempo de manera igual a los partidos políticos durante los meses de agosto a noviembre del año electoral, para disminuir los gastos en medios de comunicación pagada. "En estas disposiciones se parte del criterio de que las aportaciones del gobierno deben ser suficientemente atractivas para que los partidos y sus candidatos se sometan a los controles de gastos que aquí se establecen, pero juiciosamente controladas para que las aportaciones públicas se mantengan dentro de un marco de prudencia fiscal", señala el documento. En tanto, sugiere que el contratista o persona que viole las disposiciones de la ley electoral sea privado de realizar negocios con el gobierno por tiempo no menor de cuatro años ni mayor de 10 años, según determine el tribunal. El informe fue firmado por el ex alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo; el ex presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto; Manuel J. Fernós; Charles Cuprill Oppenheimer; y Reynaldo Paniagua.
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