 Puede que Puerto Rico sea una jurisdicción fiscal separada de los Estados Unidos, pero cuando llega el 15 de abril, ciertamente no parece que sea así.
Desde luego, hay reinas de belleza repartiendo analgésicos a las puertas del Departamento del Tesoro, junto con atronadora música de salsa y merengue, pero a pesar del ambiente festivo, de cualquier modo, el Día de los Impuestos, es temido.
Puede que usted no deba impuestos federales (de hecho muchos residentes de la isla — desde empleados del gobierno federal hasta los que poseen inversiones inmobiliarias o acciones en los EE.UU. — pagan al Tío Sam o al menos tienen que presentarle sus declaraciones). Pero cualquier desgravación que esto pueda haber proporcionado se lo comen rápidamente las altas tasas de los impuestos locales. Las tasas de los impuestos locales rivalizan con las de muchos estados a lo largo de la Costa Este, incluso en los momentos en los que se efectúa la recaudación de los impuestos federales.
Uno de mis colegas — que se trasladó de la Ciudad de Nueva York a San Juan a mediados del año 2002 — es probablemente la persona con impuestos más altos de los Estados Unidos.
Es una lástima. Al mantener altas tasas del impuesto sobre la renta, Puerto Rico está malgastando una de sus mayores ventajas — disponer de su propia jurisdicción fiscal.
Existen muchas razones para estas altas tasas fiscales. Un gobierno ineficaz, con el lastre de una burocracia inflada, y la práctica desde hace décadas de compensar a los compinches políticos con puestos en el gobierno, es una de las principales razones.
La otra es que los esfuerzos de Puerto Rico para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque mejorando, no son todavía lo suficientemente buenos para garantizar que las personas reciben una imposición fiscal justa en Puerto Rico. Se trata de la económicamente exprimida clase media, que va pasando con su paga semanal, la que lleva todo el peso de la carga.
Las grandes compañías se ven recompensadas por sus inversiones aquí con el ofrecimiento de masivas reducciones en las tasas de impuestos. Entretanto, los profesionales — tales como médicos y abogados — que reciben su pago en efectivo, a menudo esconden una buena parte de lo que ganan del recaudador fiscal. No pasa una semana sin que algún reportaje de las noticias locales no ofrezca detalles de un robo en la residencia privada de uno de estos defraudadores fiscales que aporta al ladrón varios miles de dólares.
La ofensa a la clase media se ve agravada por el desastroso estado de los servicios del gobierno del ELA. Debido a las pésimas escuelas públicas y el alto índice de criminalidad, muchos contribuyentes también deben pagar considerables sumas de dinero para matricular en escuelas privadas a sus hijos y caros sistemas de seguridad para sus hogares y coches.
Este año, el Día de los Impuestos, fue especialmente ofensivo para muchos ya que ha tenido lugar al mismo tiempo que la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático, estaba tratando de forzar la aprobación de la nueva propuesta de financiación de las campañas electorales de la Gobernadora Calderón, que daría a los políticos $28.5 millones de los fondos públicos para hacer campaña en cada elección.
El plan puede tener algún mérito, pero ningún contribuyente parece estar de humor para aumentar ahora mismo lo que está gastando el gobierno — especialmente en torno al Día de los Impuestos. El hecho de que se aprobase el proyecto de ley — a duras penas — tras un solo día de audiencias públicas y una firme oposición de la minoría, ha hecho que aumentasen las críticas.
La administración del anterior Gobernador Pedro Rosselló bajó las tasas de impuestos y, tras andarse con rodeos durante dos años, Calderón al fin también ha ofrecido a la clase media alguna desgravación fiscal, tan necesaria. Con anterioridad, había recortado drásticamente los impuestos sobre las ganancias del capital, y endulzado los incentivos para las inversiones industriales. Pero sigue siendo necesaria una auténtica reforma fiscal.
El gobierno del Ela debería esforzarse por una mayor eficacia — a pesar del obstáculo que presenta la sindicalización de los empleados públicos convertida en ley por Rosselló. La informatización ha mejorado y los servicios se han ampliado a las tardes y los sábados por la mañana. Pero la nómina del ELA sigue siendo alta, así como la contratación de mano de obra del exterior.
También se necesitan reformas fiscales más drásticas, porque no es justo que aquellos a los que se les paga con un cheque semanal llevan la mayor parte de la carga de pagar los impuestos. La razón de esto es muy sencilla — son los que no tienen forma de esconder sus ingresos del Departamento del Tesoro.
Mientras que las tasas fiscales del ELA son altísimas, los impuestos sobre propiedades son ridículamente bajos y no existe impuesto sobre las ventas. La auténtica reforma fiscal tiene que considerar todos estos factores, así como el 6,6 por ciento como impuesto sobre el consumo aplicado a muchos productos importados. Los economistas dicen que el impuesto sobre el consumo, aplicado al comienzo de la cadena de distribución, aumenta de forma exponencial a lo largo del proceso de venta, con lo cual el resultado final es que a los productos se les carga un margen mayor que si el impuesto sobre las ventas se aplicase en el punto de compra. Entretanto, los tribunales federales han hecho que sea más difícil para el ELA recaudar estos impuestos al argumentar que el obligar a los transportistas aéreos a aplicar el impuesto por su cuenta violaba las leyes del comercio interestatal
La Legislatura ha empezado a estudiar la aplicación del impuesto sobre las ventas — una señal esperanzadora ya que el PPD ha evadido el tema porque daría una mayor apariencia de estado al ELA. Pero la discusión se ha centrado hasta ahora mayormente en tratar de reducir el impuesto sobre el consumo. Una verdadera reforma fiscal debe también estudiar detenidamente las cuestiones del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre propiedades. El ELA tiene que reconocer su fracaso ante el hecho de que defectuosa aplicación de las leyes fiscales ha ocasionado una injusta carga sobre el contribuyente de la clase media que subsiste de sus pagas semanales.
La reforma fiscal merece ser abordada con la misma fuerza que se ha empleado en la propuesta de la reforma de la financiación de las campañas. Se trata de una cuestión que podría ganar el consenso tripartito — algo que la financiación de las campañas con fondos públicos no ha logrado hacer.
John Marino, Editor de Ciudad de The San Juan Star, escribe la columna semanal Reporte de Puerto Rico para el Puerto Rico Herald. Su dirección de e-mail es: Marino@coqui.net |
