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Click here to see this page in English. Calderón: triste, desilusionada con Hernández Mayoral, se busca un reemplazo…Colberg Toro alega venganza por parte de Vizcarrondo… Operaciones Especiales dejará RR…Hernández Mayoral se retira…Canadá va por delante de P.R. en la Copa Mundial BB …Contando con el valor de los terrenos en Puerto Rico…Se abre el juicio sobre la pena capital, el caso levanta debate sobre los lazos con EE.UU.
Falta de comunicación entre Hernández Mayoral y Calderón Por Leonardo Aldridge de Associated Press 8 de julio de 2003 La gobernadora y presidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Sila M. Calderón, dijo sentirse "triste" por el súbito anuncio ayer de José Alfredo Hernández Mayoral de que no aspirará a la gobernación en los comicios del 2004. Pero, pese a su notable molestia con la decisión de Hernández Mayoral y la difícil postura en la que deja al PPD a sólo tres semanas de la fecha límite para la radicación de candidaturas, Calderón reiteró que no regresará a la contienda política y dijo que esa determinación era "final". En una concurrida conferencia de prensa en La Fortaleza, la Gobernadora expresó su resentimiento por la actitud de Hernández Mayoral de no comunicarse con ella para discutir el futuro de la colectividad. "Hace cuatro semanas que no he recibido comunicación de su parte, ni siquiera respuestas a mis llamadas", se quejó Calderón al indicar que recibió ayer una carta de Hernández Mayoral, quince minutos antes de que éste anunciara en una conferencia de prensa el retiro de su candidatura. Sin embargo, Calderón rechazó que un mal de fondo entre ella y el hijo del ex gobernador Rafael Hernández Colón fuera la razón que contribuyera, en parte, a la salida de Hernández Mayoral. Calderón expresó, asimismo, que la candidatura de Hernández Mayoral le llenaba de ilusión, pero que ahora su retiro le dificulta el proceso que había comenzado para encaminar una transición de poder ordenada en el partido. Y, cuando un medio de comunicación radial en inglés le preguntó como se sentía, Calderón respondió que estaba "decepcionada". "Su candidatura me llenaba de una gran ilusión", dijo Calderón al informar que estaba iniciando un proceso de consulta para formar la papeleta que presentará el PPD en las próximas elecciones. Informó que citó para este jueves una reunión de la Junta de Gobierno y del Consejo General para confeccionar la papeleta que presentará el PPD en las elecciones de 2004. Calderón pidió a los militantes del PPD "calma, confianza, solidaridad ... y sobre todo mucha unidad". "Pronto tendremos un candidato a la gobernación", aseguró Calderón. Y aunque a través de toda la conferencia de prensa la Gobernadora mostró su descontento y resentimiento hacia Hernández Mayoral, dijo que el PPD permanecerá abierto para él. "A Hernández Mayoral quiero decirle que el Partido Popular es su casa y que las puertas están abiertas para él y su familia", dijo Calderón. De hecho, el PPD le encomendó al presidente de la Asociación de Alcaldes, José Aponte, contactar a Hernández Mayoral para que reconsiderara su posición. Pero la gestión fue infructuosa, según reconoció el propio Aponte en declaraciones escritas. "Le pedí que reconsiderara su posición, extendiéndole el plazo hasta completar los análisis médicos de su hijo Pablo,dándole el espacio necesario para que decidiera finalmente su futuro político. José Alfredo, a través de su hermano Juan Eugenio, fue categórico al anunciar que no hay marcha atrás en su decisión ", dijo Aponte, también alcalde de Carolina. Por otra parte, Calderón dijo que prefiere que el PPD evite primarias y afirmó que, en este momento, no hará expresiones sobre posibles candidaturas. "En este momento no hago ningún comentario sobre posibles candidaturas", dijo Calderón, quien no precisó una fecha específica para que el PPD presente su papeleta oficial.
Jorge Colberg Toro denuncia vendetta de Vizcarrondo Por Ismael Torres de Associated Press 8 de julio de 2003 El representante Jorge Colberg Toro denunció una vendetta del presidente cameral Carlos Vizcarrondo para sacarlo de carrera y evitar su reelección en las próximas elecciones generales. Colberg Toro dijo que su destitución de la presidencia de la Comisión sobre Integridad Pública por no apoyar la Reforma Judicial fue una vendetta de Vizcarrondo para afectar su reelección y favorecer a Luis Vega Ramos, quien lo apoya para repetir como presidente de la Cámara y si el Partido Popular Democrático (PPD) retiene el control de ese cuerpo legislativo. "El intenta colgarme a mí en una primaria para lograr la entrada de Luis Vega Ramos que es un voto por él para presidente de la Cámara y yo no me voy a prestar para eso", dijo el legislador en una entrevista radial. Sostuvo que ante esa actitud de Vizcarrondo, la Cámara de Representantes necesita un nuevo liderato legislativo, dinámico y con ideas. Colberg Toro dijo que su destitución de la presidencia de esa comisión no guarda proporción con lo que hizo porque se considera un legislador que trabaja duro y no ha estado vinculado en actos de corrupción. Vizcarrondo destituyó la de las presidencias de comisiones Jorge y Severo Colberg Toro y a Luis Raúl Torres por rehusar favorecer la reforma judicial.
Operaciones especiales dejará Roosevelt Roads Por THE ASSOCIATED PRESS 8 de julio de 2003 SAN JUAN, Puerto Rico (AP) -- El Pentágono ordenó el traslado del Mando Sur de Operaciones Especiales desde la Estación Naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico a la zona continental de EE.UU., dijo el martes un oficial militar. Entre 250 y 300 soldados se trasladarán al Fuerte Bragg, N.C., y al Campo de Aviación Hunter en Savannah, Ga., antes del 30 de agosto, dijo el portavoz del Mando, el Teniente Coronel Nicolas Britto. Otros 150 soldados se quedarán para administrar el cuartel general en Puerto Rico hasta agosto del 2004, cuando el mando abrirá su nuevo cuartel general en Miami, dijo Britto. Dijo que el estar más cerca del Mando Sur de los EE.UU., que ya tiene su base en Miami, ``permitirá una mejor comunicación.'' El Mando Sur de Operaciones Especiales de EE.UU. es responsable de proporcionar apoyo militar a todos los países del Hemisferio Occidental con la excepción de Méjico, dijo Britto. La colaboración militar incluye operaciones antidroga y la formación en armas pequeñas y primeros auxilios, dijo. El Mando, que se trasladó al territorio de los EE.UU. desde Panamá en 1999, está formado por tres unidades — fuerzas especiales del Ejército, SEALs de la Marina y una compañía de helicópteros, dijo Britto. La Marina anunció en abril que se iba a deshacer de casi la mitad de sus 6.300 empleados en la Estación Naval de Roosevelt Roads, ofreciendo otros trabajos a la mayoría de los empleados federales y despidiendo a muchos contratistas. Unos 2.100 miembros del personal militar, 1.400 empleados civiles y 1.500 contratistas permanecían en la base antes del anuncio del martes, dijo el portavoz de la base Oscar Seara.
Hernández Mayoral anuncia su retiro como candidato del PPD a la gobernación 7 de julio de 2003 SAN JUAN (AP) - El licenciado José Alfredo Hernández Mayoral anunció esta tarde su retiro como candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) debido al tratamiento médico a que está sometido uno de sus dos hijos, Pablo, de 12 años de edad. En una conferencia de prensa en sus oficinas privadas en el Viejo San Juan, Hernández Mayoral informó su retiro y dijo que lo hacía luego de meditarla y tener toda la información sobre la salud de su hijo. "Consciente de que el término de radicación de candidaturas se va acortando, he tomado la decisión de retirarme", dijo Hernández Mayoral en una concurrida conferencia de prensa. Dijo que estaba en la disposición del PPD para ayudarlo a ganar las elecciones de 2004, pero que no estaría apoyando a ningún candidato. "Es una decisión fuerte, pero ponderara", dijo por su parte Patricia, esposa de Hernández Mayoral. Dijo que la decisión la conversaron con sus hijos y que ellos la aprobaron. El matrimonio informó que regresaba a Boston hoy mismo pero que entendía que debía venir a Puerto Rico a hacer el anuncio y disipar las situaciones que esa situación pudiera generar. Hernández Mayoral dijo que comunicó esta mañana su decisión a la gobernadora Sila María Calderón a través de carta. "Tomé esta decisión hace dos días", dijo Hernández Mayoral. Hernández Mayoral estuvo la semana en Boston donde se reunió con los médicos de su hijo, a petición de los galenos del Boston Children's Hospital. El hijo de Hernández Mayoral fue sometido a un procedimiento endoscópico debido a que sufre fuertes dolores abdominales. El hijo del ex gobernador Rafael Hernández Colón había destacado que su prioridad en estos momentos es la salud del menor. Tras anunciar que no buscaría la reelección, el Consejo General del Partido Popular acogió el pasado mes de mayo una recomendación de la gobernadora y presidente de esa formación política, Calderón, para que en las próximas elecciones de 2004 Hernández Mayoral fuera el candidato Popular a la gobernación y el senador Roberto Prats como candidato a Comisionado Residente. Calderón, además, propuso al actual Comisionado Residente, Aníbal Acevedo Vilá como candidato a la alcaldía de San Juan, pero posteriormente el Comisionado rehusó la oferta y radicó su candidatura para un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes.
Canadá pasa a la Copa Mundial de Baseball Servicio de Noticias CanWest 7 de julio de 2003 WINDSOR - Canadá los tenía vencidos y Paul Spoljaric se aseguró de que Puerto Rico no levantase cabeza. El antiguo Toronto Blue Jay lanzó una de tres golpes en una victoria por 6-0 sobre Puerto Rico el sábado en el Campo Cullen. Con esta victoria, Canadá se adjudicó la serie mejor de tres por 2-0 para pasar a la Copa Mundial de Baseball en Cuba en octubre. "Sabiendo lo bueno que es Puerto Rico, estoy un poco sorprendido por esto," dijo el manager de Canadá, Jim Baba. Pero tras hablar con algunos de los jugadores de Puerto Rico, Baba dijo que la victoria de vuelta de Canadá del viernes por 7-6 había hecho mella. El zurdo Spoljaric dominó a Puerto Rico ante una multitud de casi 800 en el Campo Cullen Field.
Contando con el valor de los terrenos en Puerto Rico Por Gene G. Marcial 7 de julio de 2003 W Holding (WHI) de Puerto Rico, una sociedad de control del banco con 51 sucursales en la isla, es en cierto modo un valor dormido. Algunos profesionales opinan que sus poco conocidas acciones valen mucho más que su precio de 16,48. Donald Gimbel de la firma de inversiones Carret, propietario de acciones, calcula que W, se negociará a 8,9 veces las ganancias estimadas en el 2004 en $1,80, mereciendo una relación precio-ganancia del 20 ya que sus ganancias están creciendo a aproximadamente un 30% anual. Estima su valor en 35. Uno de los activos no reconocidos de W's: sus terrenos, que figura en sus libros a valor de coste. W está desarrollando algunos de ellos en emplazamientos subsidiarios. ``Aunque es imposible determinar con exactitud el valor del terreno, estimamos que vale varias decenas de millones de dólares más de lo que se refleja en los libros,'' dice Audrey Snell de la firma de inversiones Brean Murray, quien califica a W como una compra sólida. Afirma que los precios de los terrenos en Puerto Rico se están disparando — y estima que los valores de W's aumentarán hasta los $10 mil millones en el 2003 y a los $12 mil millones en el 2004, habiendo subido desde los $8,2 mil millones en el año 2002, sin incluir el valor actual del terreno. Snell considera unas ganancias de $1,31 por acción en el 2003 y de $1,79 en el 2004.
Sin mayores contratiempos inicia juicio que contempla pena de muerte 7 de julio de 2003 SAN JUAN (AP) - Sin mayores contratiempos ni protestas en las calles, se inició este lunes el juicio federal en que dos puertorriqueños se exponen a una sentencia de pena de muerte si son hallados culpables por un jurado de doce personas. El juez federal Héctor Laffitte preside el primer juicio en este territorio estadounidense en el que la Fiscalía federal está solicitando la pena capital para dos secuestradores que intentaron extorsionar un millón de dólares y al ser descubiertos asesinaron y desmembraron a un comerciante riopedrense. Puerto Rico abolió la pena de muerte en el 1929 y en la Constitución del Estado Libre Asociado, ratificada en 1952, se prohibe expresamente la aplicación de ese castigo. Pero eso no ha sido impedimento para que la fiscalía federal reclame que el Estado castigue con la pena capital a los acusados Héctor "Gordo" Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro. Acosta Martínez y Rivera Alejandro están acusados del secuestro y asesinato del comerciante Jorge Hernández Díaz en hechos ocurridos el 11 de febrero de 1998. Los presuntos secuestradores alegadamente le advirtieron a familiares de Hernández Díaz que si alertaban a las autoridades o se rehusaban a pagar la extorsión de un millón de dólares, el comerciante sería "cortado en pedazos". La fiscalía argumenta que cuando los secuestradores se percataron de que, en efecto, las autoridades investigaban el suceso, los sujetos le dispararon al hombre, lo decapitaron y le cortaron los brazos y las piernas, y echaron las partes por una carretera. En el 2000, el juez federal Salvador Casellas determinó que la pena de muerte no podía ser aplicada en Puerto Rico debido a que violaba la Constitución local y violaba las leyes federales que regulan las relaciones entre el ELA y Estados Unidos. Su decisión, sin embargo, fue revocada un año después en el primer Circuito de Apelaciones en Boston. Posteriormente, el Tribunal Supremo estadounidense ratificó la determinación de que Puerto Rico está sujeto a la implantación de la pena capital. Si Acosta Martínez y Rivera Alejandro _ que enfrentan cargos por asesinato y extorsión _ son sentenciados a la pena de muerte, el castigo no se efectuaría en Puerto Rico, sino que en la penitenciaria federal de Terre Haute en Indiana, dijo la fiscalía.
Pena de muerte trae tema de relaciones con E.U. Por Michael Melia de Prensa Asociada 6 de julio de 2003 SAN JUAN - Sin duda, el crimen fue horrendo. Dos secuestradores, luego de intentar extorsionar un millón de dólares, asesinaron y desmembraron a un comerciante riopedrense. Y ahora la fiscalía federal aquí busca la pena de muerte para ambos en una isla donde la última vez que se efectuó ese castigo fue en 1927. Pero más allá de ser simplemente un tema judicial, la búsqueda de la pena capital por parte de la fiscalía federal se ha convertido en una discusión política que ha reavivado el perenne debate sobre las relaciones entre este territorio caribeño y Estados Unidos. En Puerto Rico, pocas personas respaldan la pena de muerte. Más aún, muchos ciudadanos perciben la búsqueda de ese castigo por las autoridades federales como una violación a la autonomía gubernamental que tiene el Estado Libre Asociado (ELA), cuya Constitución prohibe expresamente la aplicación de la pena capital. La sección siete del artículo dos de la Constitución del ELA, ratificada en 1952, sostiene textualmente que en Puerto Rico "no existirá la pena de muerte". Pero eso no ha sido impedimento para que la fiscalía federal reclame que el Estado castigue con la pena capital a los acusados Héctor "Gordo" Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro, en caso de ser hallados culpables por un jurado de doce personas. El juicio contra ambos puertorriqueños comienza mañana lunes en la sala del juez federal Héctor Laffitte. "Tenemos que dejarles saber a Estados Unidos que esa no es la forma en que nosotros resolvemos los crímenes en esta tierra", dijo Juan Pablo de León, presidente de la organización Ciudadanos Contra la Pena de Muerte. Por su parte, el doctor Salvador Santiago Negrón, presidente de la Universidad Carlos Albizu, catalogó la situación como un choque cultural, "un valor con el que estamos en conflicto con la comunidad anglosajona". Acosta Martínez y Rivera Alejandro están acusados del secuestro y asesinato del comerciante Jorge Hernández Díaz en hechos ocurridos el 11 de febrero de 1998. Los presuntos secuestradores alegadamente le advirtieron a familiares de Hernández Díaz que si alertaban a las autoridades o se rehusaban a pagar la extorsión de un millón de dólares, el comerciante sería "cortado en pedazos". La fiscalía argumenta que cuando los secuestradores se percataron de que, en efecto, las autoridades investigaban el suceso, los sujetos le dispararon al hombre, lo decapitaron y le cortaron los brazos y las piernas, y echaron las partes por una carretera. Este es el primer caso puertorriqueño, de un total de 59, en el que la fiscalía federal solicita la pena de muerte, una petición cada vez más común desde que la ley federal relacionada a la pena capital fue enmendada en 1994 para ampliar los crímenes que pueden ser castigados con la ejecución estatal. Puerto Rico abolió la pena capital en 1929, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos. En 1927, Pascual Ramos fue castigado con la muerte por decapitar a su jefe con un machete. Para esa época, se había realizado 23 ejecuciones desde que las tropas estadounidenses invadieron la Isla en 1898 durante la guerra hispanoamericana. La mayoría de los sentenciados a muerte eran analfabetas y negros. Algunos que no favorecen la pena de muerte dicen, sin embargo, que la rampante criminalidad en la Isla - ocurrieron 774 homicidios el año pasado - merece que ese castigo sí se aplique aquí. El senador anexionista Kenneth McClintock señaló: "Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero favorezco que se aplique en Puerto Rico". Pero para el senador independentista Fernando Martín, "no es correcto que Estados Unidos imponga una ley en la que, al elaborarse, los puertorriqueños no tuvieron ninguna participación". Por su parte, la gobernadora Sila M. Calderón, que favorece el status político actual, ha dicho que la pena de muerte "es inmoral", pero se ha rehusado a intervenir directamente. Si Acosta Martínez y Rivera Alejandro - que enfrentan cargos por asesinato y extorsión - son sentenciados a la pena de muerte, el castigo no se efectuaría en Puerto Rico, sino que en la penitenciaria federal de Terre Haute en Indiana, dijo la fiscalía.
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