| ¿Debe el gobierno federal dejar de buscar la pena de muerte?
En las últimas semanas, los crecientes esfuerzos de la política del Departamento de Justica de los Estados Unidos por conseguir la pena de muerte en los tribunales federales ha sido motivo de titulares en los medios de comunicación, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico.
Esta semana el New York Times informó que el juez federal de Boston, Mark L. Wolf, ha puesto en tela de juicio la solicitud del gobierno por la pena capital en un juicio de asesinato que tuvo a su cargo. A pesar de que permitió que el juicio siguiera su curso y no cuestionó la constitucionalidad de la pena, señaló que recientes técnicas forenses han puesto de manifiesto que muchas de las personas previamente condenadas y ejecutadas han sido inocentes. "Durante la última década", escribió el juez, "ha surgido substancial evidencia que demuestra que individuos inocentes han sido sentenciados a muerte, indudablemente también ejecutados, con mucho más frecuencia de lo que se sabía que era el caso anteriormente".
A pesar de las preocupaciones expresadas por el Juez Wolf, una mayoría del pueblo de los Estados Unidos favorece la pena de muerte, pero los números están mermando. Una reciente encuesta de Centro de Investigaciones Pew reveló una reducción importante en el apoyo que existe a la pena de muerte. Un 64% de los participantes en la encuesta apoyaban la pena, comparado con un 78% en 1996. Además, la encuesta encontró que menos de los participantes que indicaron favorecer la pena de muerte opinaban enfáticamente al respecto (28% en la última encuesta, comparado con un 43% en 1996). Mientras, un creciente número de estadounidenses se están expresando en oposición a la pena capital (30% en la actualidad, comparado con un 18% en 1996).
Las iniciativas para erradicar la pena de muerte como un castigo apropiado a ciertos crímenes no han avanzado mucho, a pesar de importantes esfuerzos por parte de grupos religiosos y seculares para ver que así sea. La mayoría de los políticos están paralizados y no toman acción alguna ante el clamor de las familias de víctimas de crímenes que piden "cierre" a su trauma mediante la ejecución de la persona responsable del crimen. También temen ser percibidos como "poco duros" o "apoyando más al criminal". Los medios de comunicación al cubrir asuntos relacionados con crímenes y asesinatos tienden a sensacionalizar los aspectos más grotescos del crimen y presentar con carácter de demonio al presunto perpetrador. Los fiscales se ven acosados por los reporteros para que declaren si van a ir en busca de la pena de muerte. Su ausencia como potencial pena a menudo se percibe como falta de suficiente evidencia para obtener una convicción en el caso.
La controversia de la pena de muerte ha afectado a Puerto Rico en los últimos años, a medida que el juicio de los narcotraficantes Héctor Oscar Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro se convirtieron en objeto de confrontación entre las leyes federales y la Constitución de Puerto Rico. Los dos habían sido condenados por el asesinato en 1998 de Jorge Hernández Díaz, dueño de un abasto de víveres y posible cómplice de ambos hombres. El gobierno federal quería imponer la pena de muerte en el caso, mientras que las leyes locales prohíben la ejecución de la pena capital en la isla.
El caso fue el primero de 59 en Puerto Rico en que los fiscales federales han invocado la Ley Federal de la Pena de Muerte del 1994, que expandió el tipo de crímenes federales por los cuales condenados en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos pueden recibir la sentencia máxima. Las ofensas incluyen asesinato de ciertos funcionarios gubernamentales; secuestros que resultan en muertes; contratación de asesinos; disparos desde autos que resultan en muertes; crímenes de abuso sexual que resultan en muertes; secuestros de autos que resultan en muertes; y ciertos crímenes en que no ocurren muertes, incluyendo la operación de venta de drogas en gran escala.
La controversia desatada en Puerto Rico para poder finalmente celebrar juicios bajo los términos federales involucró opiniones divergentes en los tribunales menores en la isla y una resolución final del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dictaminó que los estatutos federales superan las leyes locales, una decisión que enfureció a la mayoría de los políticos en Puerto Rico y a muchos sectores de la población de la isla.
El subsiguiente juicio generó protestas contra la pena de muerte en la isla. La Gobernadora Sila Calderón declaró a Los Angeles Times que este caso era indicio de la necesidad de reformar la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos; y Arturo Luis Dávila Toro, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, dijo a un reportero del Times que "No creemos en la pena capital y están tratando de imponerla sobre nosotros". Lo cierto del caso es que muchos estados se encuentran ante la misma situación. Sus constituciones prohíben la pena de muerte en los juicios que se celebran en el estado, pero no hay nada que impida a los fiscales federales ir en busca de la pena de muerte en tribunales federales ubicados en esos estados.
Desde el comienzo del gobierno de George W. Bush, el Departamento de Justicia, encabezado por el Fiscal General John Ashcroft, ha buscado agresivamente convicciones de la pena de muerte, a pesar de que jurados en 19 de los últimos 20 casos federales en que esta ha sido el caso, han rechazado imponer la pena capital. Comentando sobre esta tendencia en el New York Times (15/06/03), el ex — fiscal Alan Vinegard observó: "Esto refleja que la tendencia está volteándose en el país en lo que respecta las actitudes hacia la pena de muerte. Ha habido tanta publicidad sobre personas que han sido condenadas injustamente a la pena de muerte que las personas sirviendo en jurados se muestran renuentes a imponer la pena máxima".
En una impresionante conclusión en el caso de Acosta/Rivera, un jurado de 12 puertorriqueños exoneraron a dos hombres enfrentando cargos de secuestro y homicidio, a pesar de la fuerte evidencia presentada por la fiscalía que predecía un veredicto de culpable. Los abogados de la defensa sugirieron que fue el rechazo del jurado a la pena de muerte y renuencia ante la imposición de la ley federal sobre las leyes puertorriqueñas fue lo que llevó a que el jurado emitiera un veredicto de exoneración en este caso. Ninguna aseveración puede probarse, pero futuros juicios federales en la isla en que se ha pedido la pena de muerte puede que sirvan de evidencia de esa tendencia.
Los que se oponen a la pena de muerte hacen mención del número desproporcionado de acusados minoritarios que son sentenciados a morir en cámaras de ejecución federales, haciendo surgir el fantasma de actitudes prejuiciadas entre los fiscales y jurados. De los 211 casos autorizados por el Fiscal General desde 1988 en que se pidió la pena de muerte, 75% fueron contra minorías. Otro factor en el cambio de actitud contra la pena de muerte es el creciente número de prisioneros condenados que han sido puestos en libertad en los últimos años cuando evidencia usada en su contra durante los juicios se ha desmoronado ante las nuevas pruebas de ADN.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, nueve prisioneros condenados a muerte han sido exonerados este año, el número más alto en 15 años. Tres hombres que pasaron un total combinado de 67 años en prisión esperando ejecución, fueron recientemente puestos en libertad, llevando así a 111 el número de condenados que han sido puestos en libertad desde 1973. Recientemente, un hombre fue puesto en libertad de una prisión en Missouri después de haber pasado 17 años esperando la pena de muerte. El descubrimiento de testimonio incorrecto por parte de los testigos ayudó a liberarlo de la convicción de asesinato de un compañero de celda en 1985. Seis prisioneros de Illinois, Louisiana y Florida han sido puestos en libertad este año. Las palabras de advertencia del Juez Wolf retumban entre los que se oponen a la pena de muerte cada vez que se libera un prisionero condenado al castigo máximo, en algunos casos a sólo meses de la fecha designada para su ejecución.
Esta semana el Herald pide a sus lectores que se expresen en el debate de la pena de muerte. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones como su preferencia. La pregunta es: "¿Apoya o se opone al búsqueda de la pena de muerte por parte del gobierno federal en juicios capitales?"
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