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Mercado insta al desempeño de un papel internacional … Los sindicatos de la AEE exigen garantías antiprivatización…Promulgada nueva ley judicial…Se propone la creación de una corporación pública en RR …Pesquera promete retomar Prasa…PPD: el mejor plan anticorrupción, votar contra Rossello…Concedida la máxima indemnización en el juicio de los expedientes…Calderón se opone a las privatizaciones


Gobierno insistirá en integrar organismos internacionales

23 de agostro de 2003
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SAN JUAN (AP) - El secretario de Estado, Ferdinand Mercado, sostuvo que el Gobierno no desistirá de su esfuerzo de participar en actividades de organismos internacionales, y rechazó que el gobierno federal tenga objeciones a esos planes, se informó este sábado.

El funcionario, citado por versiones periodísticas, dijo que como parte de esos esfuerzos, el Gobierno insistirá en participar de las actividades de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Bolivia.

"Tenemos la intención de participar como se ha hecho en otras cumbres", dijo Mercado.

Y añadió que la única oposición formal que ha tenido Estados Unidos a la presencia de Puerto Rico en actividades internacionales fue el rechazo a que el Gobierno local se vincule con la Asociación de Estados del Caribe.

Dijo que esa oposición se basa en el temor de que el pago de cuotas que hace el Gobierno de Puerto Rico comprometa también al Gobierno estadounidense, según el rotativo.


Sindicatos de la AEE reclaman garantías antiprivatización

Por Sandra Ivelisse Villerrael de Associated Press

23 de agostro de 2003
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En respuesta a reclamos sindicales, el presidente de la Cámara de Representante, Carlos Vizcarrondo, se comprometió este viernes a impulsar que se garantice por ley que los haberes de la Autoridad de Energía Eléctrica no serán vendidos.

Y convocará al director ejecutivo de la corporación estatal, Héctor Rosario, a una sesión cameral de interpelación para que explique los alcances de la recién firmada ley que autoriza a la AEE a expandir sus actividades económicas.

Vizcarrondo tomó las determinaciones tras una reunión en su oficina con los dirigentes de los cinco sindicatos que agrupan a los empleados de la AEE, a la que Rosario fue invitado pero declinó asistir, dijo el legislador.

De acuerdo con Vizcarrondo, las dos medidas anunciadas son los mecanismos que tiene disponibles ahora para atender las suspicacias de los sindicatos sobre una medida que la gobernadora Sila M. Calderón convirtió en ley esta misma semana.

"A nosotros nos preocupa el lenguaje de vender, transferir, ceder y arrendar (instalaciones de la AEE)", que está contenido en la nueva ley, dijo Francisco Reyes, presidente de la Unión Insular Trabajadores Industriales y de Construcciones Eléctricas. "Entendemos que es un lenguaje demasiado extenso", añadió.


Gobernadora firma ley de reestructuración de judicatura

Por Sandra Ivelisse Villerrael de Associated Press

22 de agostro de 2003
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En aras de transformar el sistema de tribunales para hacerlo más "accesible, humanista y sensible" a todos los ciudadanos, la gobernadora Sila M. Calderón firmó este viernes la ley que le concede independencia administrativa a la rama Judicial.

Acompañada del juez presidente del Tribunal Supremo, José A. Andréu García, Calderón dijo que la nueva ley complementa una previa que le concede autonomía presupuestaria y fiscal a la judicatura.

Asimismo, el nuevo estatuto aumenta en 30 el número de jueces superiores y crea seis sillas más para jueces apelativos, a la vez que reduce de 105 a 85 la cantidad de jueces municipales.

En una conferencia de prensa después de estampar su firma en la ley, la Gobernadora resaltó que el nuevo estatuto se elaboró mediante un proceso de consulta y considerando los reclamos de los propios jueces, contrario al proceso que precedió a la reforma de 1994.

Uno de los gestores de aquellos cambios al sistema judicial que fueron criticados con insistencia en la ceremonia de este jueves fue precisamente el ahora juez asociado Efraín Rivera Pérez, quien junto a otros tres jueces asociados aplaudió tras la Mandataria firmar la nueva reforma.

En su mensaje, la Gobernadora hizo hincapié en que los cambios impulsados por su Administración liberan a los jueces de ataduras con los poderes políticos en pos de la independencia judicial.

No obstante, cuando se le preguntó si esa premisa regirá a la hora de nombrar más jueces, Calderón defendió su potestad aduciendo que a cada gobernante le corresponde ejercer esa facultad con "disciplina, rigor y entendimiento claro" por encima del factor político.

En tanto, y satisfecho con la acción ejecutiva, el Juez Presidente del Tribunal Supremo dijo que el cambio "constituye un nuevo estado de derecho respecto al poder Judicial de Puerto Rico".

"Atiende los reclamos que desde hace muchos años viene haciendo dicho Poder constitucional", expresó Andréu García.

Dijo, además, que el estatuto es "la piedra angular" de la cual se habrán de desarrollar ahora medidas legislativas que le den "vigencia plena" a la reestructuración administrativa del sistema de tribunales.

"La nueva ley de la judicatura da la pauta, señala el camino por donde hay que caminar" para lograr su objetivo de darle a todos los ciudadanos igual acceso a la justicia", añadió el jurista.

La recién creada Ley de la Judicatura dispone para que se establezcan mecanismos de orientación y educación a la ciudadanía sobre sus derechos y las formas de resolver conflictos.

Por otro lado, ahora el Juez Presidente tendrá también la facultad de designar jueces del Tribunal de Primera Instancia para atender casos de naturaleza especial, sobre los que, sin embargo, ni la Gobernadora ni Andréu García quisieron abundar.

Arguyeron que será la particularidad de cada caso la que determine en su momento qué hará que se le considere especial, de lo que a su vez dependerán los parámetros que establezca el Juez Presidente para atenderlos y a qué juez se designe para resolverlos.

Además, la nueva ley elimina la distribución territorial de paneles por circuitos, y provee para que ahora el Juez Presidente nombre paneles a las distintas regiones judiciales de acuerdo con la necesidad.

Asimismo, lo faculta a designar jueces municipales como superiores, jueces superiores como jueces de apelaciones y a esos últimos como jueces superiores, para agilizar la atención de los casos según la necesidad.

También obliga a la educación continua de los magistrados.


Proponen creación de corporación pública sobre Roosevelt Roads

22 de agostro de 2003
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SAN JUAN (AP) - El senador popular Juan Cancel Alegría propuso este viernes la creación de una nueva corporación pública que dé "permanencia y continuidad" a los esfuerzos gubernamentales para lograr el máximo desarrollo económico de la región este, en caso de que la Armada estadounidense decida cerrar la base naval Roosevelt Roads en Ceiba.

La Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads tendrá, entre otros propósitos, evaluar la infraestructura de esa instalación militar y el impacto de su operación actual de haber una reducción o eventual cierre, dijo el legislador por el distrito de Carolina.

"Un proyecto tan impactante requiere que dediquemos recursos suficientes y a tiempo completo, como se ha hecho en otras jurisdicciones, donde se han desarrollado exitosamente instalaciones militares cerradas," dijo Cancel Alegría, quien preside la Comisión senatorial de Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercial.

La nueva entidad también estudiará los procesos encaminados por el gobierno de Estados Unidos respecto a la reducción de operaciones y cierre de otras instalaciones militares comparables con la de Ceiba y recomendaría acciones inmediatas, y a mediano y largo plazo, para aliviar eventuales efectos negativos.

La corporación tendría un director ejecutivo y una junta de directores, que sería presidida por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercial.


Promete Pesquera retomar la AAA

Por Istra Pacheco de Associated Press

22 de agostro de 2003
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El precandidato novoprogresista a la gobernación, Carlos Pesquera, prometió este viernes que, de llegar al poder, retomaría la operación total de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), incluyendo la administración del Superacueducto.

Pesquera opinó que el personal que labora en la AAA tiene la experiencia necesaria para retomar las operaciones, además de que el país tiene una cantera de talento proveniente de las universidades puertorriqueñas.

"Como gobernador vamos a establecer un plan para retomar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y para que su gerencia y su operación esté en manos del Gobierno", sostuvo en rueda prensa en su comité de campaña en Santurce.

Según Pesquera, el crearía un consorcio con las universidades para que, junto a expertos en la materia, establezcan un plan "de transición ordenada" y un programa de capacitación de empleados.

Ello ayudaría a que en el 2007, cuando vence el contrato con Ondeo para la operación de la AAA, el gobierno esté listo para asumir las riendas de la agencia.

Añadió que en ese periodo de tiempo también se buscaría la mejor manera para que las operaciones del Superacueducto, ahora operado por la compañía Thames Waters, puedan volver a manos estatales.

Según Pesquera, el mal funcionamiento de la AAA en el pasado se debió a la falta de inversión del gobierno y a la ausencia de adiestramientos al personal.


Mejor plan anti corrupción es votar contra Rosselló

22 de agostro de 2003
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SAN JUAN (AP) - El recién nombrado secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, opinó este viernes que el mejor plan anti corrupción gubernamental es votar en contra de las intenciones del ex gobernador Pedro Rosselló de regresar a la gobernación.

Asimismo, pidió a los puertorriqueños votar a favor del candidato popular a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá, como una forma de adelantar la honestidad y la confianza en las entidades gubernamentales.

"Este pueblo conoce quién tiene un compromiso firme en combatir la corrupción. Rosselló no tiene ni tendrá nunca un compromiso serio y real en contra de este terrible mal", sostuvo en un comunicado.

"No podemos permitir que esta persona (Rosselló) y su asociación de malhechores se apoderen nuevamente de nuestra Isla, establezcan su reinado y se encaminen tras la conquista de la impunidad de sus acciones", añadió.

Casi un treintena de funcionarios durante los ochos años de la administración de Rosselló han sido acusados o convictos por corrupción gubernamental.

Rosselló ha rehusado pedir perdón por el mal manejo de fondos ocurridos bajo su mandato alegando que nunca supo de las andadas de sus subalternos.


Jueza otorga compensación máxima en juicio por carpetas

22 de agostro de 2003
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SAN JUAN (AP) - La jueza superior Julia Garriga Trillo ordenó al Gobierno pagar la compensación máxima permitida, ascendente a $150,000 a Providencia Trabal Rivera y sus dos hijos, por el expediente criminal que mantuvieron en su contra por casi 40 años, basándose en su ideal político de independencia.

Según trascendió en el pleito, la carpeta que se levantó contra Trabal Rivera, de 77 años, contenía unos 2,700 folios, mientras que a ella y su fallecido esposo, Néstor Nazario Grillo, se les fabricaron casos que, obviamente, las autoridades nunca pudieron probar.

Aunuqe la compensación máxima que se le puede exigir al Estado es de $150 mil, la jueza dijo que los daños sufridos por "doña Pupa", están valorados en más de $1 millón de dólares, reseña la prensa.

"Las vicisitudes, sufrimientos, desasosiego, intranquilidad que atravesó la demandante a través de todos los años que se le estuvo persiguiendo y discriminando no podrían ser subsanadas por suma de dinero alguna, las cantidades aquí concedidas en términos de indeminización son sólo una forma material de alivio", señaló la jueza en la sentencia.

Garriga Trillo también otorgó la cantidad máxima de compensación de $150,000 a los demandantes Juan Gregorio Cuevas Nieves y Rubén Morales Candelario, también perseguidos por sus creencias políticas.

Todavía quedan pendientes otros 200 casos consolidados que fueron pautados para verse el 8 de septiembre próximo.


Gobernadora firma ley que permite a AEE expandirse

22 de agostro de 2003
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HATILLO (AP) - Al afirmar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) "es la joya del gobierno de Puerto Rico", la gobernadora Sila M. Calderón reiteró este jueves que esa corporación no se privatizará.

"Esa Autoridad no se va a privatizar, por lo menos, mientras yo sea gobernadora", dijo Calderón en una conferencia de prensa en Hatillo, donde inspeccionó varias obras de su administración.

Las expresiones de la Mandataria surgieron ante preguntas sobre las denuncias de la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que mantiene una campaña publicitaria en la que acusa al gobierno de privatizar parcialmente esa corporación.

La UTIER basa esos señalamientos en la más reciente ley en torno a la AEE que Calderón firmó esta semana, en la que se autoriza a la corporación estatal a expandir sus actividades económicas.

De acuerdo al estatuto recién firmado, la AEE está facultada ahora para adquirir o disponer de corporaciones subsidiarias dedicadas a otras actividades económicas y utilizar su infraestructura para ello.

"Este proyecto no tiene absolutamente nada que ver ni con privatizar energía eléctrica ni mucho menos con perder empleos", sostuvo la Gobernadora.

"Al contrario, este proyecto tiene que ver con darle potestad y facultad a la AEE para entrar en otras actividades económicas para bien del erario", añadió.

Asimismo, dijo que la entrada de la AEE a otras actividades económicas, con el aval ejecutivo, también fomentaría la creación de empleos.

Y reiteró que su Administración no favorece la venta de los bienes estatales.

"Mi gobierno tiene una política pública definida en contra de la privatización de los servicios públicos", sostuvo la Mandataria.


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