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La Ley Patriota — una herramienta necesaria o una afrenta contra nuestras libertades
Recientemente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha visto obligado a asumir una posición de defensa ante los tribunales federales donde se ha exigido una explicación a su rechazo de extender las protecciones judiciales normales a potenciales terroristas.
La semana pasada un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Segundo Circuito en Nueva York comenzó a considerar el caso de José Padilla, un ciudadano estadounidense nacido en Estados Unidos de padres puertorriqueños. Padilla es el único ciudadano estadounidense contra quien se han formulado cargos por terrorismo y fue puesto bajo custodia en territorio de los Estados Unidos.
Desde su arresto en junio del 2002, en el aeropuerto de O’Hare en Chicago, Padilla fue acusado de intentar detonar una "bomba sucia" y desde entonces ha sido mantenido incomunicado, clasificado como un "enemigo combatiente". En contraste a los procedimientos normales, el gobierno presume la culpabilidad de Padilla sin que un tribunal haya tenido la oportunidad de analizar la evidencia que se presenta en su contra. Fue detenido de acuerdo con una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, basándose en información confidencial. Poco después de su arresto, el Presidente Bush se refirió a Padilla como un "hombre malo" y "potencial asesino".
El fundamento de su encierro no había sido considerado por los tribunales hasta que abogados voluntarios de derechos civiles presentaron una demanda para obligar al gobierno a conferirle su presunción de inocencia, que se le diera acceso a asesoría legal y un juicio justo. El tratamiento que ha recibido Padilla contrasta con el caso de otro ciudadano estadounidense, John Walker Lindh, que fue capturado en Afganistán mientras luchaba en las filas del Talibán. Lindh fue regresado a los Estados Unidos, se le permitió acceso a asesoría legal, recibió un juicio abierto durante el cual se declaró culpable y ahora se encuentra cumpliendo su sentencia en prisión.
En la encuesta de Temas Candentes del Herald esta semana, se le pide a los lectores que expresen su opinión sobre lo apropiado o no del tratamiento que confiere el gobierno federal a los presuntos terroristas que son ciudadanos estadounidenses.
El Poder Ejecutivo recibe su poder de suspender los derechos civiles de terroristas acusados a través de la "Ley Patriota" del 2001, aprobada ocho semanas después del 11 de septiembre. La ley autoriza al gobierno federal a valerse de medidas de investigación extraordinarias para interceptar complots terroristas en territorio de los Estados Unidos y detener individuos sospechosos de ser terroristas sin tener que oficialmente presentar cargos y sin derecho a asesoría legal. El preámbulo de la ley indica que su propósito es: "Detener y castigar actos terroristas en los Estados Unidos y alrededor del mundo (y) mejorar las herramientas de investigación en la ejecución de la ley y el orden".
En el caso del Tribunal de Apelaciones, tal como informó el periódico The New York Times, dos jueces se mostraron dudosos de la posición del gobierno, mientras que el otro pareció aprobar el procedimiento empleado. La Juez Rosemary Pooler dijo: "Tan terrible como fue el 11 de septiembre, no por ello abrogó la Constitución". El Juez Barrington Parker expresó su preocupación que si los tribunales aceptaban el argumento del gobierno, "estaríamos generando un cambio monumental en la vida constitucional del país". Sin embargo, el Juez Richard Wesley sostuvo que los ataques terroristas del 11 de septiembre fueron diferentes a otros conflictos. "Esto ocurrió en nuestro territorio", dijo.
Desde los días de la Segunda Guerra Mundial el Poder Ejecutivo no se había valido de tales medidas draconianas contra presuntos terroristas. Durante ese conflicto de cinco años, unos 120,000 estadounidenses de descendencia japonesa se vieron obligados a permanecer en campos de concentración, a pesar de que a nivel individual ninguno fue acusado de colaborar con el enemigo. El Presidente Franklin Delano Roosevelt se valió de sus poderes ejecutivos para ordenar esa medida, una que en retrospectiva se reconoce que fue un serio error. En 1983 una Comisión del Congreso de los Estados Unidos dictaminó que la medida se basó en "prejuicio racial, histeria de guerra y falta de liderazgo político". Subsiguientemente, el gobierno emitió una disculpa oficial y a los sobrevivientes de los campos de encarcelamiento se les extendió cierta remuneración monetaria.
Desde que se aprobó la Ley Patriota y ha sido empleada por ansiosos funcionarios de la ley y el orden, se ha generado un debate a nivel nacional entre los que favorecen esas estrategias anti-terroristas tan invasivas y otros que las consideran anti-constitucionales y una amenaza a las libertades fundamentales de todo ciudadano estadounidense que garantiza la Constitución.
En el caso de Padilla el gobierno argumenta que la naturaleza del conflicto significa que principios militares, no las reglas normales de los tribunales criminales en los Estados Unidos, tienen que emplearse para proteger debidamente al país. Los abogados que defienden la posición del Sr. Padilla han dicho a los jueces que el gobierno está distorsionando los principios de las libertades estadounidenses al extender los conceptos del campo de batalla a la vida civil. Una abogada, Jenny S. Martínez, dijo: "El Presidente está buscando poder sin límites para sustituir poder militar por la ley vigente".
Desde su aprobación, las encuestas nacionales muestran que una mayoría de los estadounidenses están a favor de la Ley Patriota, a pesar de que muy pocos han analizado sus detalles. Los que se oponen a la ley citan los errores cometidos con el encarcelamiento de los japoneses en 1942 y advierten que la suspensión de los derechos civiles de los terroristas acusados, tal como lo permite la ley, podría apartar a los Estados Unidos, una nación que se enorgullece por los derechos y libertades individuales, en dirección opuesta a los principios de su creación y hacia una de estado con tácticas policíacas.
¿Está usted de acuerdo con la política del Departamento de Justicia de suspender las garantías de los derechos constitucionales de los acusados en aras de un mejor control de la amenaza terrorista?
Favor de votar más arriba.
NOTA del EDITOR: Los lectores del Herald pueden encontrar cobertura adicional del caso de Padilla en el bloque de "El Congreso y el Presidente" de la edición de esta semana. |
