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NEWSDAY

Puerto Rico busca su futuro

por Myrna Torres

31 de mayo de 1999
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Myrna Torres es presidenta de la Organización Nacional para la Estadidad de Puerto Rico.

¿Debería Puerto Rico convertirse en un estado, alcanzar la total independencia o retener su actual status como estado libre asociado de los EE.UU.? A los 4 millones de ciudadanos estadounidenses de la isla se les dio la oportunidad de votar sobre esta cuestión el 13 de diciembre último. Pero la votación se produjo en un referéndum no obligatorio, que no había sido sancionado ni supervisado por el Congreso.

El 6 de mayo, el Senado de las Estados Unidos mantuvo una audiencia para revisar los resultados de ese referéndum. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló prestó su testimonio: "Los más elementales valores cívicos de nuestra nación demandan que ni este comité, ni el Senado ni el Congreso en su totalidad eludan el deber constitucional de dictar todas las leyes y reglamentaciones necesarias con respecto al territorio". Consultado sobre que era lo que esperaba del próximo Congreso, Rosselló respondió: "Un conjunto de opciones que Puerto Rico pueda votar". Algunos senadores parecían dispuestos a la acción, pero expresaron su preocupación de que el momento para una votación legislativamente dispuesta en Puerto Rico pueda ser retrasada por la inminente campaña de las elecciones estadounidenses.

Originalmente un trofeo de la Guerra Hispano-Americana, Puerto Rico ha sido un territorio estadounidense durante los últimos 100 años. Los puertorriqueños pueden ser convocados a prestar servicio militar, pero no tienen el derecho a votar en las elecciones presidenciales y ni a tener representación en el Congreso. Irónicamente, en cada guerra de este siglo, soldados puertorriqueños se han contado entre los muertos y heridos, luchando junto con sus hermanos del continente en defensa de la democracia.

Bajo la cláusula territorial de la Constitución de los EE.UU., el Congreso está constitucional y moralmente obligado a revisar periódicamente el status de sus territorios. Pero el Congreso ha ignorado ampliamente esa obligación. En marzo del año pasado, la Cámara de Representantes aprobó una ley autorizando un referéndum sancionado legislativamente en la isla, que debía realizarse el 31 de diciembre de 1998. El Senado, sin embargo, se rehusó a considerar el proyecto.

La isla realizó el referéndum por cuenta propia, pero como ocurrió con consultas anteriores, ante la ausencia de una supervisión legislativa, la política se adueñó de la cuestión. Hubo grandes batallas sobre cómo debía definirse cada opción de status en las papeletas del comicio. El Partido del ELA, que es partidario del mantenimiento del actual status, buscó una definición de ELA que sonaba gloriosa, pero que incluía promesas y privilegios que de hecho nunca habrían sido permitidos por nuestra Constitución, ni a Puerto Rico ni a ningún otro estado.

¿Porqué le hicieron pensar al pueblo de Puerto Rico que estaba votando por una relación especial con los Estados Unidos cuya existencia es imposible? Cuando al partido pro ELA no se le autorizó el uso de su definición, sus líderes alentaron a sus votantes a escoger la columna "ninguna de las anteriores". Esos votos se sumaron a muchos otros votos de protesta y, entre ellos, a los de los opositores al actual gobierno.

Como resultado, el 50,2% de la población votó por "ninguna de las anteriores". Este fue triste uso del derecho al voto por parte de la mitad de la población puertorriqueña que votó, esencialmente, por la nada.

Si el Congreso hubiera cumplido su deber de supervisar este proceso, y asegurado que las definiciones de las papeletas fueran constitucionalmente viables, esta oportunidad no habría sido derrochada. En realidad, lo que frustró la consideración de la legislación para la autodeterminación por parte del Senado fue el miedo de que el proceso pudiera conducir a la estadidad.

Los argumentos contra la estadidad son varios. Uno es económico: Puerto Rico es demasiado pobre, dicen sus detractores, y sería un drenaje para la economía estadounidense. Sin embargo, un reciente estudio de dos economistas de Harvard sugiere que tanto el Tesoro de los EE.UU. como la economía de Puerto Rico se beneficiarían con la estadidad.

Otro argumento es cultural: "Esas personas no hablan nuestro idioma", dicen algunos. Los partidarios del "Sólo Inglés" dejarían afuera a Puerto Rico por no cumplir el requisito del idioma inglés, una exigencia que no se le ha impuesto a ningún otro estado o jurisdicción estadounidense.

Este es un argumento viciado. Cuando los soldados puertorriqueños fueron a la guerra por los Estados Unidos, cuando murieron por los Estados Unidos, nadie les preguntó qué idioma hablaban. Además, Puerto Rico ya está trabajando al respecto: en las escuelas se enseña inglés desde el segundo hasta el 12º grado, y es el idioma empleado en la justicia y en las dependencias públicas, en los asuntos del gobierno local y en el comercio.

Entre aquellos que votaron por una opción real de status en la elección de diciembre, más del 90 por ciento escogió la estadidad. Pero es un hecho que aunque el pueblo de Puerto Rico elija la estadidad en un referéndum ordenado por el Congreso, esto no convertiría automáticamente a la isla en estado. En cambio, pondría en marcha un largo proceso, que probablemente dure una década, en el cual el pueblo americano tendría que involucrarse en un saludable debate.

El Congreso nunca sancionó oficialmente un referéndum sobre la isla, un medio por el cual podría medirse el verdadero sentimiento a favor y en contra de la estadidad. Las aguas siempre se vieron enturbiadas por absurdas, imposibles, definiciones de status presentadas por partidos políticos que se exceden en sus promesas. El agua se volvió a enlodar el 13 de diciembre.

Es un terrible error continuar impidiendo que Puerto Rico tome la iniciativa, no permitir nunca que los ciudadanos americanos de la isla hagan una elección clara. Ya se le ha vencido el plazo al Congreso para cumplir su obligación constitucional con Puerto Rico y darle la oportunidad de ejercitar su derecho a la autodeterminación.