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THE WASHINGTON POST

Una disculpa no es suficiente para las víctimas del espionaje en Puerto Rico; miles de personas podrían solicitar una reparación en los Tribunales por los legajos de la policía secreta

por John Marino

28 de diciembre de 1999
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SAN JUAN, Puerto Rico -- Cuando el Gobernador Pedro Rossello se disculpó públicamente hace unos días este mismo mes ante las víctimas del espionaje del estado en Puerto Rico, esperaba cerrar un doloroso capítulo de la historia de este Estado Libre Asociado de los Estados Unidos.

Pero aquellos que buscan una reparación para las víctimas del espionaje de parte de la policía secreta dicen que este proceso va a llevar muchos más años y mucho más dinero que el que ofreció Rosello.

"Resulta apropiado que, a medida que nos acercamos al final del Siglo XX, cerremos este embarazoso capítulo de nuestra historia y que comencemos el nuevo siglo con sólo un recuerdo de esta práctica injusta y vergonzosa", dijo Rosello cuando anunció su orden ejecutiva el 14 de diciembre.

Ofreció $6.000 a las víctimas de las así llamadas "carpetas", o campañas de legajos subversivos, que habían entablado acción contra el gobierno y $3.000 a aquellos que habían anunciado su intención de entablar una acción. Aquellos que acepten deben liberar al Estado Libre Asociado de toda responsabilidad por haber llevado dichos legajos secretos y por utilizar la información para discriminar en contra de las personas.

Los abogados de las víctimas de las "carpetas" que solicitan una reparación en los tribunales dicen que la orden excluye a la mayoría de los miles de puertorriqueños, principalmente partidarios de la independencia, que fueron espiados por una unidad de policía de inteligencia del Estado Libre Asociado. Durante más de medio siglo, la unidad de la policía montó una amplia red de informantes -personas comunes como las mismas víctimas. Otras instituciones gubernamentales y privadas también proveyeron información para los legajos.

Se cree aquí que la práctica contaba con la bendición, incluso el aliento, de las autoridades federales de la isla. Los legajos en sí mismos, que contienen correo de los Estados Unidos confiscado, firmas de agentes del FBI y solicitudes de información de funcionarios del Servicio de Aduanas, confirman que, por lo menos, estaban en conocimiento de dicha práctica.

Supuestamente, la información de las carpetas se utilizaba para negar el empleo o tomar otras medidas punitivas, tales como arrestos ilegales de portorriqueños de todas las clases sociales, desde estudiantes y maestras y hasta agricultores y conductores de taxis, abogados y artistas.

"El gobierno ha perdido una oportunidad histórica y el efecto de la orden ejecutiva en el caso será ínfimo", afirmó Charles Hey Maestre, uno de los principales abogados de los demandantes del caso de las carpetas.

Hasta ahora, se han entablado más de 1.300 juicios en contra del gobierno del Estado Libre Asociado, por un monto de más de $ 10.000 millones en daños y perjuicios.

David Noriega, ex representante y candidato a gobernador del Partido de la Independencia de Puerto Rico, quien entabló el primer juicio por las carpetas a fines de la década de 1980, sostuvo que la disculpa de Rosello es "un paso muy importante para cerrar las heridas y en el camino hacia la reconciliación".

Pero Hey Maestre afirmó que los límites de la orden -por ejemplo, se aplica sólo a aquellos cuyas carpetas exceden 50 páginas y a familias completas en lugar de a miembros individuales de cada familia- dejan afuera a la mayoría de los potenciales beneficiarios.

Se estima que la orden del gobernador se aplica a alrededor de 2.000 de las más de 100.000 personas de las que el Estado llevaba legajos secretos. Los funcionarios del Estado Libre Asociado afirman que la cantidad de personas cubiertas y sus compensaciones con un fondo de $5,7 millones son realistas.

El Secretario de Justicia de Puerto Rico, José Fuentes Agostini, dijo en una entrevista la semana pasada que la discusión acerca del caso de las carpetas comenzó después de que el Presidente Clinton firmó una orden ejecutiva en la que ofrecía una disculpa y una compensación monetaria a los estadounidenses de origen japonés que habían sido detenidos durante la Segunda Guerra Mundial.

"El gobernador consideró que el gobierno de Puerto Rico, como entidad, debía pedir disculpas al pueblo de Puerto Rico, aun cuando lo ocurrido hubiera sucedido con gobiernos anteriores", explicó Fuentes Agostini, que agregó que después de asumir su cargo en 1993 Rosello también había solicitado a los líderes de los organismos gubernamentales que firmaran declaraciones juradas en las que se comprometían a no compilar carpetas. "Ha sido el único que alguna vez hizo algo acerca de esta cuestión en Puerto Rico."

Pero no todos se sienten complacidos. "Después de todos esos años de persecución, el gobierno dice 'Tomen estos $6.000 y cállense'", dijo Oscar Guzmán Cruz, 51, un maestro de escuela secundaria que participa en el caso del Instituto de Derechos Civiles. "Soy una persona muy trabajadora. No había motivos para espiarme."

Guzmán atribuye su carpeta a su amistad con Carlos Soto Arrivi, uno de dos jóvenes partidarios de la independencia asesinados por la policía en 1978. La policía dijo que los dos jóvenes eran "terroristas" que estaban tratando de volar el equipo de comunicaciones, pero las pruebas demostraron que se los había engañado para que acudieran a una colina en la que había instaladas torres de radio y televisión y estaban arrodillados allí cuando se les disparó.

La investigación de sus muertes sacó a la luz los legajos secretos, que fueron declarados ilegales por la Suprema Corte de Puerto Rico en 1987, el mismo año en que fue desmantelada la poco prestigiosa Unidad de Policía de Inteligencia.

Cuando los legajos se divulgaron en 1992, muchos isleños, con inclusión de maestras de escuela, líderes sindicales y escritores, se encontraron con la sorpresa de que sus amigos, vecinos y familiares los habían estado espiando en secreto durante años.

A un cliente de Hey Maestre, un estudiante de secundaria 16 años, se le confiscaron libros y otros materiales, en Puerto Rico, después de asistir a una actividad de la juventud internacional socialista en Finlandia. Sostiene que a continuación las autoridades lo expulsaron de la escuela e impidieron su ingreso en la universidad.

Las carpetas también se utilizaron en audiencias por la custodia de niños y entrevistas para empleo. Y, en algunos casos, algunas familias se vieron forzadas a ingresar en la red de espionaje estatal porque se consideraba "subversivo" a uno de sus miembros. Ése fue el caso de Ramonita Velez, 44, cuyo hijo de 7 años fue llevado en 1979 a dar una vuelta en un helicóptero de la policía, donde se le interrogó acerca de sus familiares.

"Sacudió mi vida por completo", dijo Guzmán, que descubrió en su carpeta que su director, sus colegas y sus ex alumnos lo espiaban.

Pero no todas las víctimas de esta práctica consideran apropiado solicitar una reparación en los tribunales. "Nunca he pensado en un juicio porque estamos hablando del dinero del pueblo de Puerto Rico", dijo Marilyn Pérez, 39, quien tiene una carpeta pero no entablará juicio.