Freeh promete probar los abusos del FBI en Puerto Rico, los archivos del FBI contribuirán al juicio del PIP

San Juan, Puerto Rico - Los políticos de la isla que abogan por la independencia recibieron con agrado el reconocimiento efectuado recientemente por el Director del FBI, Luis Freeh, sobre la colaboración entre esa repartición y las fuerzas del orden locales -durante los años 50’ y 60’- para perseguir a los puertorriqueños por causa de su afiliación política.

Fernando Martin, vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresó que Freeh no hizo más que confirmar lo que los dirigentes del PIP han venido denunciando durante décadas y añadió que las declaraciones de Freeh tendrán amplias implicancias legales para las acciones judiciales iniciadas por el PIP contra el gobierno local por violación de los derechos civiles.

"Las ramificaciones legales de las declaraciones serán tenidas en cuenta para determinar si corresponde extender el alcance de la acción legal para incluir al gobierno federal", señaló Martin.

Las declaraciones de Freeh, se produjeron el jueves durante una audiencia de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, en respuesta a preguntas del representante José Serrano, demócrata por New York. El director del FBI también se comprometió a investigar posibles violaciones a los derechos civiles de ciudadanos puertorriqueños por causa de su afiliación política y pertenencia a agrupaciones que buscaban la independencia de la isla Desde 1977, añadió, se establecieron directivas para evitar las investigaciones ilegales de los activistas políticos.

Freeh es el primer funcionario federal que reconoce públicamente la participación y la colaboración del FBI con la policía local en la preparación de dossiers o fichas policiales de más de 150 mil puertorriqueños que apoyaban la independencia de la isla.

"Vamos a volver atrás y hacer un inventario preliminar del alcance de nuestra participación", le respondió Freeh a Serrano durante la audiencia.

"Por primera vez el director del FBI admite que la agencia estuvo involucrada en las dossiers de Puerto Rico", señaló Serrano el jueves. "Admitió que el FBI jugó un papel, pero nos están faltando los detalles".

La promesa de Freeh se produce la misma semana que el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución que supera las divisiones partidarias e ideológicas para probar la participación y la colaboración de los gobiernos local y federal en la preparación de fichas policiales. Calificándolo de "capítulo vergonzoso" de la historia de la isla, el gobernador Pedro Rosselló efectuó una disculpa pública por los dossiers el 14 de diciembre y ofreció a los perjudicados una compensación que va de los $ 3.000 a los 6.000.

Unas 1200 personas han iniciado acciones legales contra el gobierno o expresaron la intención de hacerlo por un monto varias veces millonario. Sólo el juicio de PIP reclama $ 500 millones por violación de los derechos políticos. Una reciente decisión de la Suprema Corte de Puerto Rico rechazando la acción clásica del juicio incrementará en millares el número de demandantes, explicó el abogado Charles Hey Maestre, del Instituto de Derechos Civiles de Puerto Rico.

Tras el anuncio de Rosselló, muchos aquí esperaban que la próxima disculpa proviniera de Washington. Eso no ha ocurrido aún, pero selalan que la promesa de Freeh es un paso en esa dirección.

Además de ocuparse de las Panteras Negras y otros grupos radicalizados de los años 60’, el programa de contrainteligencia del FBI, conocido como COINTELPRO, también tuvo en la mira a los activistas de la independencia de Puerto Rico. La práctica de mantener fichas policiales y efectuar listas negras comenzó poco después de los levantamientos nacionalistas de la década del 50’, entre los que se incluye el ataque al Congreso en 1954, en el que fueron heridos cinco congresales.

En 1976, el entonces Procurador General de los EE.UU., Edward Levi, emitió directivas que prohibían este tipo de actividad y, un año después, Puerto Rico fue informado de los archivos de COINTELPRO. Diez años más tarde, la Corte Suprema de Puerto Rico declaró inconstitucional la práctica de mantener este tipo de dossiers y ordenó la entrega de los archivos a quienes habían sido objeto de vigilancia.

Con la cooperación de la policía local, COINTELPRO se infiltró y desbarató los grupos independentistas hasta la década del 80’.

El Senado local no tiene poder para obligar a prestar testimonio a los funcionarios federales, pero puede convocar a las autoridades locales que colaboraron con el gobierno federal.

Para algunos, la promesa de Freeh es un modo de comenzar a curar viejas heridas y abrir el camino hacia la reconciliación. "Esto es bueno", opinó el analista político Juan Manuel García Passalacqua. "Mandemos esos fantasmas a descansar".