El fondo para vales escolares está a punto de desaparecer

SAN JUAN, Puerto Rico - Poniendo el que quizás sea el último clavo al ataúd de los vales escolares, un juez falló esta semana que un empleada pública fue despedida injustamente por rehusarse a contribuir a un fondo respaldado por el gobierno.

El fondo fue concebido para soslayar problemas constitucionales, que han sido repetidamente señalados por las cortes.

Aunque los problemas legales vinculados con los vales escolares recién comienzan en las cortes de Florida, Puerto Rico ya ha superado esa etapa. Ahora, aparentemente, los vales están a punto de desaparecer.

El veredicto en el caso de Rosangélica Acevedo contra el ex titular de instituciones para la juventud enciende una luz sobre el intento del gobernador Rosselló, que lleva varios años, de implementar vales escolares para algunos de los 700.000 estudiantes de la isla.

Las leyes relacionadas con los vales escolares han sido rechazadas por las cortes por lo menos en tres oportunidades desde 1994. Dos leyes, entre las que se incluye la que creó el fondo en cuestión en el caso Acevedo, todavía están pendientes ante la Corte Suprema de Puerto Rico.

"El estado sigue buscando maneras de pasar por encima de la decisión de la Corte Suprema de 1994", manifestó Rafael Nadal Arcelay, abogado que representa a la Asociación de Maestros de Puerto Rico en sus juicios contra los vales escolares.

Luego que primera ley de vales escolares, aprobada en 1993, fuera declarada inconstitucional, la Legislatura creó la Fundación Educacional para la Libre Elección Escolar, en 1995, para otorgar el equivalente a los vales. Individuos y grupos privados podían efectuar donaciones, pero el gobierno también puso dinero.

El gobierno llevó a cabo una campaña al estilo United Way en cada una de sus reparticiones. A quienes ocupaban puestos directivos o eran empleados de "confianza" de sus jefes, cargos usualmente considerados designaciones políticas, se les "pidió" insistentemente la donación de $ 250.

Los ex jefes de Acevedo testificaron que la despidieron en 1996 de su puesto de directora de un hogar grupal para adolescentes conflictivos porque ella cuestionaba sus decisiones. Pero los abogados de Acevedo manifiestan que la ocasión en que se produjo el despido, así como los mensajes dejados en su beeper diciéndole que pusiera el dinero o entregara la renuncia, dejaron claros los motivos.

"Pienso que cada empleado público debe sentirse libre de donar lo que quiera donar y no debería tener que pagar para poder trabajar", explicó Acevedo, a quien se le otorgaron $ 135.000 por salarios caídos y daños emocionales.

"Todo dinero que el gobierno recauda debería ser para el público en general" añadió. "Asistí a escuelas públicas, mi hija va a escuelas públicas. Si nosotros damos ese dinero a escuelas públicas en vez de derivarlo al uso privado, tendríamos más estudiantes destacados de los que ahora tenemos".

Sus jefes, que manifestaron desconocer que ella se oponía al plan de vales del gobierno cuando fue despedida de la Administración de Instituciones Juveniles, calificaron de injusto el veredicto.

"No la despedimos por esa causa, pero si el jurado pensó eso por cuestiones circunstanciales, tenemos que respetarlo", señaló Miguel Rivera, el ex administrador de la repartición. Todavía está pendiente una apelación a la decisión.

También lo está una apelación ante la Corte Suprema de Puerto Rico sobre la ley que creó el fondo y la fundación en cuestión. Paralizadas por las batallas judiciales y las deudas, las oficinas de la fundación están cerradas y sus teléfonos desconectados.

Los intentos de Rosselló de crear un sistema de vales escolares encontraron la oposición de las asociaciones de docentes y de los políticos. Rosselló no ha mencionado los vales últimamente, y los candidatos para la elección gubernamental de este año han evitado esta espinosa cuestión.

El primer intento del gobernador, que ofreció pagos directos a las escuelas privadas, se convirtió en ley a los ocho meses de su primer mandato, en 1993. La Corte Suprema de Puerto Rico lo consideró inconstitucional.

Por ello, en 1995, el gobierno creó la fundación. La Corte de Apelaciones de Puerto Rico dictaminó que la fundación era inconstitucional en junio. Pero debido a que tribunales de menor alzada ya habían llegado a esa conclusión, la Legislatura aprobó una ley en 1998 creando otro mecanismo para otorgar "becas".

Parte de la ley fue declarada inconstitucional por una corte de primera instancia en 1999. Pero en lugar de apelar, Rosselló dictó un decreto que otorgaba dinero directamente a las familias.

La nueva ley y la que creó la fundación están ahora a la espera de tratamiento por parte de la Corte Suprema de Puerto Rico.

"Los estudiantes deberían tener igualdad de oportunidades educativas, aquellos que tienen dinero y aquellos que no lo tienen", manifestó Max Pacheco, director del Departamento de Educación de la Oficina de Desarrollo Escolar.

"Si los padres piensan que una escuela privada les dará a sus hijos una mejor educación, en una democracia ellos debería poder hacer esa elección".

A pesar de los contratiempos, el Departamento de Educación ha asignado $ 14 millones para otorgar becas "no educacionales" de $ 400 a unos 23.000 estudiantes este otoño. Los padres deben comprometerse a usar el dinero solamente para comprar uniformes, libros, pagar transporte y otros gastos, y no para cuotas de escuelas privadas.

Para el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, José Eligio Vélez, eso no es más que otra manera de dejar de lado la constitución.

Manifestó que su grupo continuará luchando hasta que los vales escolares hayan desaparecido y el gobierno vuelva a canalizar su atención a la mejora de las escuelas públicas.