Rosselló: La ley de derechos del paciente corona la radical reforma del sistema de salud

SAN JUAN, Puerto Rico - Al igual que un reducido grupo de estados, Puerto Rico tiene ahora una ley de derechos del paciente. Y es una de las legislaciones más estrictas en la materia.

En Florida y en otros estados se han generado intensos debates sobre los derechos de los pacientes, que continúan a nivel nacional. Pero el proceso fue tan tranquilo en Puerto Rico que ni siquiera el titular de la mayor compañía aseguradora de salud de la isla se enteró del proyecto hasta el día en que fue promulgado como ley.

El gobernador Pedro Rosselló exhibe esta ley como la pieza que completa la radical reforma al sistema de salud de la isla. En junio, el paquete de reforma amplió el sistema de salud virtualmente a todos los puertorriqueños que no tenían cobertura.

"Con esta ley, hacemos que todos los pacientes sean iguales, porque tienen un modo de defender sus derechos", explicó Rosselló al firmar recientemente la promulgación de la ley. "Esta es una ley más completa que muchas en los Estados Unidos. Y no anula el derecho de las personas a entablar demanda judicial".

Diversas interpretaciones legales hicieron que los abogados del Departamento de Salud decidieran que no necesitaban detallar el derecho del paciente para entablar demanda en esta ley, como lo hicieron algunos estados. Abogados de administradoras de salud, médicos y pacientes están recurriendo ante el Congreso y las cortes para que se determine si las leyes federales que protegen al HMO contra acciones legales son de aplicación en lo que respecta a la negativa a suministrar atención a un paciente y a las decisiones sobre el tratamiento médico.

Pero el intento de Puerto Rico sobre esta materia es firme. "Todo lo que no está escrito allí, hay espacio para ampliarlo o agregarlo si se presenta la necesidad", aclaró el asesor para asuntos de salud de Rosselló, Roberto Rosso Quevedo.

Tan restrictiva como la ley de Texas de 1997, precursora y modelo para la ley de derechos que trata actualmente el Congreso, la ley de Puerto Rico establece un mecanismo independiente para considerar ejecutivamente las denuncias e imponer multas de hasta $ 5000 a las compañías aseguradoras, doctores o hospitales que se nieguen injustificadamente a suministrar tratamiento médico.

También obliga a las compañías aseguradoras de salud a permitir el acceso irrestricto a las salas de emergencia en toda la isla y prohibe las cláusulas de silencio que impiden a los médicos discutir todos los tratamientos posibles. Los pacientes también pueden acceder con mayor facilidad a especialistas y son libres para cambiar de médico de atención primaria a su voluntad. Los planes de salud son responsables por "costos médicos de rutina" si un doctor refiere a un paciente para que sea parte de estudios clínicos experimentales.

La ley de Puerto Rico establece un procedimiento de queja independiente y obligatorio, superando la revisión voluntaria del caso de Texas. Pero en lo concierne a HMO, muchos en Puerto Rico tienen que ponerse al corriente, debido a que éste es un sistema de salud relativamente nuevo para la isla.

A los planes de salud ahora se les exige que suministren a todos los pacientes un resumen de los derechos del paciente aprobado por el gobierno.

El Comisionado de Seguros, Juan García, espera que los pleitos por cobertura y mala praxis se mantengan en los niveles actuales, pero a mediada que la gente se familiarice más con las HMOs, cree que aumentarán los reclamos por falta de atención o tratamientos.

Algunos titulares de compañías de salud de Puerto Rico cuestionan la necesidad de una ley de derechos del paciente.

"Ya es ley, así que tendremos que vivir con ella", dijo Miguel Vázquez Deynes, Presidente y Director Ejecutivo de Triple-S Management Inc., la mayor operadora de salud de la isla, con 620 mil clientes.

Los doctores aplauden la nueva ley de derechos, particularmente la prohibición de las cláusulas de silencio, que les impiden discutir otras opciones de tratamiento.

"Esto elimina el manto de secreto que existe actualmente entre la compañía aseguradora y el paciente", manifestó Freddie Román Avilés, presidente de la Asociación de Doctores y Cirujanos de Puerto Rico.

Antes de 1993, cerca de la mitad de los 3,8 millones de habitantes de Puerto Rico no tenía cobertura privada de salud, y estaban relegados a los superpoblados hospitales y clínicas gubernamentales, debiendo, a veces, aguardar meses para conseguir un diagnóstico o tratamiento.

Cuando asumió su mandato en 1993, Rosselló prometió cambiar todo eso.

Para hacer que su controvertida reforma se convirtiera en realidad, comenzó por vender los 84 hospitales y clínicas del gobierno, con excepción de cinco centros de salud. En un período de cinco años su plan le otorgó a 1,8 millones de personas sin cobertura -el 47% de la población de la isla- una amplia red de HMO. Otro 40 %, 1,5 millones de personas, tiene seguro médico privado; 450 mil personas tienen Medicare, junto con un beneficio para prescripción de medicamentos financiado a través de la reforma de salud, y el número de no asegurados bajó a 50 mil personas.

El monto anual de primas asciende a $ 1.300 millones.

"Ahora el Departamento de Salud se ha convertido en lo que debe ser, retirándose del negocio de suministrar atención médica para convertirse en el defensor de los servicios de salud para todos, del más rico multimillonario al más pobre de los pobres", expresó Carmen Feliciano de Melecio, Secretaria de Salud.